Prodecon emite recomendación para Zacatecas

Por considerar que se perjudicó con múltiples procedimientos de ejecución y actuaciones irregulares a un contribuyente de Zacatecas de 70 años de edad que se dedicaba a la ganadería, a grado tal de dejarlo sin patrimonio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió la recomendación 19/2012 contra el administrador local de la entidad, José Vicente Sánchez Ramírez.

El organismo explicó que durante 18 años (desde 1994), el afectado ha sufrido embargos y remates de bienes tras múltiples procedimientos administrativos sobre un mismo crédito fiscal, y que aún así debe más de 3.4 millones de pesos, motivo por el cual manifestó que la autoridad responsable viola el derecho fundamental al debido proceso consagrado en la Constitución, así como en tratados internacionales.

La Procuraduría, que encabeza Diana Bernal, detalló que en noviembre de 1994 el afectado fue embargado por un adeudo fiscal que él se autodeterminó para regularizarse ante Hacienda y que desde entonces ha sufrido el remate de tres propiedades, además del embargo de seis bienes inmuebles y tres terrenos más.

A pesar de ello, agregó, todavía tiene un adeudo superior a los 3.4 millones de pesos, cifra que en términos nominales es siete veces superior al primero, que ofreció pagar hace 18 años.

En la recomendación, el organismo refirió que luego de la actuación negligente de la autoridad, el adeudo con el fisco aumentó de tal manera que resulta imposible su finiquito, aun con el remate de todas sus propiedades.

Destacó que la autoridad responsable decidió iniciar, hasta en cinco ocasiones, la ejecución de los adeudos; sin embargo, no concluyó de manera expedita ni oportuna, como era su obligación con ninguno de dichos procedimientos, con lo que ocasionó la multiplicación del monto de manera progresiva.

Esto se traduce en una actuación francamente irregular y atípica de la autoridad, ya que si bien se encontraba ante un crédito fiscal legalmente exigible que la facultaba, en consecuencia, para embargar bienes y hacerlo efectivo, la ilegalidad estriba en que llevó a cabo diversos procedimientos administrativos, lo que generó graves perjuicios jurídicos y económicos al contribuyente , aseguró el organismo.

En este sentido, determinó que, como responsable, José Vicente Sánchez Ramírez violó los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad y certeza jurídica del contribuyente, además del de no confiscatoriedad, tutelados como Derechos Humanos de los gobernados tanto en los tratados internacionales de los que México es parte como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se estima que, en el presente caso, la gravedad y las violaciones cometidas por la autoridad fiscal superan el texto mismo de las disposiciones legales aplicables, traduciéndose en una vulneración de derechos que implica la afectación del propio texto constitucional , indicó.

La Prodecon destacó que debe considerarse que se trata de un contribuyente de 70 años, que a los 52 comenzó a pagar al fisco y, actualmente, después del embargo de sus propiedades –que representan todo su patrimonio-, aún no puede liberarse de dicho adeudo, lo que resulta sumamente preocupante .