Los órganos autónomos a los que la Corte les negó la posibilidad de mantener temporalmente condiciones laborales similares a las que tenían en el 2018 recibirán su sueldo conforme al presupuesto actual, adviete Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Una vez que se resuelva la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de salarios y remuneraciones, donde el sueldo está topado por el previsto para el presidente, se les “recuperará si se les pagó incompleto. Esta reparación estará en función de la resolución que tomará la Corte cuando resuelva el fondo de la demanda”, señala a El Economista.

Los órganos autónomos a los que se refiere son el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Explica que ya se generó jurisprudencia el año pasado, lo que significa que hubo más de cinco resoluciones en un mismo sentido; en consecuencia, el mandato de la Corte fue legislar en esta materia.

“Lo que quiere la Corte es que no haya tanta discrecionalidad de la Cámara de Diputados en la dictaminación de percepciones en el servicio público (...) Y ya hay una iniciativa del diputado Pablo Gómez que incluso cuenta con un dictamen, para una nueva ley de remuneraciones y salarios, donde se tiene la definición de parámetros e indicadores, referencia para calcular el salario del presidente, como son salarios mínimos y Producto Interno Bruto per cápita”, mencionó.

A mayor especialización...

Mario Delgado insistió en que lo que la nueva ley aclarará que son las percepciones. “Qué incluye y qué no. Tienes un salario, tienes una compensación y tienes bonos integrados que terminan siendo altísimos. Entonces, ya hay una definición clara de qué compone la remuneración para que no haya esta discrecionalidad”.

En el caso particular del Banco de México, el banco central ya hizo saber que su desempeño es de alta especialización, “y la Constitución sí prevé una excepción para que aquellos empleos de alta especialización puedan ganar hasta 50% más que lo que gana el presidente. Es parte de lo que se están amparando. Ellos quieren ganar el salario del presidente y 50% más”.

En la demanda de este año, el Banxico está diciendo que el presidente tiene otros bonos integrados y ellos requieren saber a cuánto ascienden para cuantificar el tope.

El salario del presidente es público; nosotros lo fijamos.

¿Por qué deben hacer una nueva ley de remuneraciones y no sólo modificar algunos artículos?

Podemos modificar y hacer reformas. Recordemos que la ley vigente era una minuta que se quedó congelada varios años en la Cámara de Diputados, que venía del Senado. Tenía algunos detalles, pero preferimos sacarla, conscientes de ello, para ya tener una ley reglamentaria sobre los salarios de servidores públicos que está fijada en la Constitución, en el artículo 127. Ahora, tenemos la oportunidad de hacer una nueva ley y corregir todo lo que se tenga que corregir, donde se establezcan parámetros claros y definiciones para que desarrolle principios constitucionales del Artículo 127.

La Corte ya se pronunció sobre las demandas de suspensión de órganos autónomos. Sólo el Inegi consiguió la suspensión temporal de la ley, si ustedes presentan y aprueban la nueva ley, ¿qué pasará con esa resolución a favor?

Va a tener vigencia hasta que exista la nueva ley.  Mientras la ley por la que se ampararon esté vigente, van a tener vigencia sus amparos.

Una vez aprobada la nueva ley, ¿pierde efecto el amparo y la demanda?

No es que pierda el efecto. Es que una vez aprobada, el amparo es sobre una ley que no existe; entonces, aplica la nueva.

La Corte ordenó cambios a la ley en el 2019

El 20 de mayo del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por mayoría de siete ministros, declaró la invalidez total de ese marco legal.

Los ministros consideraron que dicho marco incurría en diversas omisiones legislativas, consistentes en no establecer parámetro, ni lineamientos para fijar los salarios del presidente de la República y de los demás servidores públicos federales, así como no contener un apartado especial para los juzgadores.

Los magistrados hicieron una interpretación en el sentido de que los créditos y préstamos a los que alude el Artículo 12 de la ley no se podrán considerar parte de las remuneraciones de los servidores públicos.

Indicaron que la ley impugnada contiene una redacción imprecisa que permite interpretar que el legislador ordinario considera a los créditos y préstamos como parte de las remuneraciones de los servidores públicos, en contravención a lo que señala la Constitución.

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