La propuesta de eliminar el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como el fondo moche, no es la mejor opción, pues es un ramo que ayuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a administrar el presupuesto, indicó Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

“Una administración pública no puede vivir sin el Ramo 23 (...) se ha satanizado este ramo, pero no solamente tiene estos fondos que han sido etiquetados para estados y municipios. Su función fundamental es el control presupuestario del gasto público”, expresó en la presentación del libro La negociación política del presupuesto.

Quien fuera subsecretario de Egresos de Hacienda en los primeros cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto explicó que el Ramo 23 es manejado por la SHCP para administrar economías, subejercicios y ampliaciones presupuestarias.

Además, indicó que en dicho ramo se encuentran fondos de gran importancia como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o los que se encargan de negociar los salarios con los sindicatos de trabajadores de la educación; también se administran los ingresos excedentes para los fondos de estabilización.

“Como es el ramo de control presupuestario, se tienen que registrar los recursos adicionales que se perciben (como el remanente de operación del Banxico), y luego se destinan al pago de deuda como establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

Galindo reconoció que sí existen fondos de los cuales abusan los funcionarios públicos, y esos sí deberían ser eliminados, pero, insistió en que el Ramo 23 no puede desaparecer por completo.

Se deben acabar asignaciones a diputados

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refirió que el objetivo de acabar con el fondo moche es que no se realicen más asignaciones directas a los diputados.

“Espero que podamos ganar esta batalla para que ningún diputado etiquete recursos gestionados por ellos. La presión (de los gobernadores) es intensa y ojalá fuera con una visión de entorno local o nacional”.

Agregó que, si bien hay fondos que dan certeza y seguridad contra desastres naturales y estabilidad económica, los de fortalecimiento financiero, de programas de desarrollo regional, el metropolitano y el de capitalidad es donde se centra el problema del Ramo 23.

“El problema del debate del presupuesto, es que se concentra sólo en estos fondos. La inconformidad de algunos gobiernos está centrada en esos recursos, por lo que el gran reto es superar este tema”.

Comentó que organismos civiles y la misma Auditoría Superior de la Federación han señalado las arbitrariedades que se cometen bajo el nombre del Ramo 23.

“Ya no podemos repetir la vieja dinámica donde los votos de los legisladores se compraban a partir de la asignación de una obra que no tenía ninguna conexión con algún programa de desarrollo. Si bien hay un proceso institucional, los programas deben evaluarse de otra forma”.

Admitió que hay estados cuyos ingresos dependen de manera significativa de los recursos que les da el Ramo 23, por lo que se debe buscar otra solución y no amarrarlos a esta forma de negociación.

“Hay estados que tienen dificultades financieras, pero tenemos que enfrentar esta realidad bajo otras bases (...) la industria de los moches es muy peligrosa. Estamos ante una oportunidad de hacer cambios”, concluyó.