Tras conocerse los alcances de las reformas legales para castigar la defraudación fiscal y endurecer las sanciones contra quienes expidan o vendan facturas como comprobantes fiscales para simular operaciones, representantes de la Iniciativa Privada (IP) han pedido analizar las propuestas y evitar que las sanciones sean generalizadas y afecten a empresarios que no están involucrados en actos de evasión.

En ese contexto, la semana pasada se creó un grupo de trabajo de representantes empresariales y legisladores para analizar puntos relevantes de la iniciativa, para fortalecer la iniciativa, que evite que los delincuentes fiscales sigan impunes, y la Concanaco Servytur pidió que al reanudarse el periodo ordinario de sesiones, en la primera semana de septiembre, las comisiones correspondientes reciban a una representación del organismo comercial a fin de mostrarles el documento producto de su trabajo.

La Concanaco-Servytur pidió que se aplace en las comisiones del Senado, al menos hasta septiembre, el análisis del Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en lo referente a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y de empresas que deducen operaciones simuladas.

Entre el 2014 y junio del 2019, el SAT identificó la comercialización de casi 8.9 millones de facturas falsas por 1.6 billones de pesos, que podrían representar una evasión fiscal de hasta 354,500 millones de pesos.

Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco Servytur, reconoció que la evasión fiscal afecta la recaudación en México y representa hasta 6% del PIB y agregó que la proliferación de EFOs y EDOs se debe, en gran medida, a la ausencia de voluntad política y eficiencia de las instituciones correspondientes.

Paralelamente, el Consejo Coordinador Empresarial alertó sobre el riesgo de aprobar, en los términos actuales, las reformas legales para castigar a quienes propician y evaden al fisco a través de facturas falsas, como lo propone la iniciativa actualmente en la Comisión de Hacienda, que encabeza Alejandro Armenta.

En un documento, el organismo que agrupa a las cúpulas empresariales ha advertido a la comisión el riesgo de que la iniciativa afectaría a contribuyentes cumplidos al imponer sanciones que no distingan entre los verdaderos evasores o quienes lo propician, lo cual generaría incertidumbre para potenciales inversionistas.

La iniciativa considera todas las figuras de defraudación fiscal como delincuencia organizada, “lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación”, argumentó el CCE .

“En los términos en que está planteada (la iniciativa), resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal”, refirió.

Con el CCE ha coincidido el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien admite que si bien la defraudación, evasión y elusión fiscal es un problema grave, los términos de la reforma planteada podrían derivar en injusticias y pidió a los senadores no votarla sin un análisis exhaustivo y a partir de consensos con el sector productivo.

El proyecto de reformas al decreto propone que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada considera delito de delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir, “condiciona que la colusión de tres o más personas para defraudar al fisco federal únicamente podrá ser considerada como delincuencia organizada cuando el monto supere 7 millones 804,230  pesos.