La calificadora de riesgo Fitch redujo de Estable a Negativa la perspectiva de la sostenibilidad de la deuda soberana de Argentina debido a la debilidad de la economía y a la incertidumbre que despierta su programa fiscal y sus posibilidades de financiamiento.

“La intensa inestabilidad macroeconómica en el 2018, marcada  por una gran depreciación del peso, ha debilitado dramáticamente  las perspectivas de crecimiento en el corto plazo”, dijo el miércoles en un comunicado la agencia, que anticipa una contracción de la actividad de 2.7% este año y de 1.7% el próximo.

Este escenario responde a “un colapso en la confianza y una erosión en los ingresos reales a medida que la inflación se ha disparado”, indicó.

Según Fitch, la inflación cerraría el 2018 en 47% y se desaceleraría a 27.5% en el 2019.

Además, el gobierno de Mauricio Macri reacciona con un “endurecimiento más agresivo” de la política fiscal y monetaria a cuenta del programa renegociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el mes pasado, observó Fitch.

La agencia mostró confianza en que las autoridades podrán cumplir con sus ambiciosas metas de  consolidación fiscal.

Además, la agencia considera que las necesidades de financiamiento del país, que en el 2019 serán de 39,000 millones de dólares, podrán atenderse con el desembolso por parte del FMI de 23,000 millones de dólares, a los que se suman préstamos de otros organismos y un traspaso de préstamos del sector público.

El déficit en cuenta corriente caerá de 6.5 a 4.5% del PIB este año, y a 2.1% en el 2019, pronosticó Fitch.

Pero la situación fiscal de Argentina se plantea dudosa, alertó.

Cabe recordar que a finales de septiembre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la titular del FMI, Christine Lagarde, anunciaron una mejora en el monto total del préstamo pedido meses atrás. La cifra se elevó desde los 50,000 millones de dólares iniciales hasta los 57,100 millones.

El anuncio se dio tal cual lo esperado por los expertos de mercado y en la conferencia se remarcó que en política monetaria se adoptó la decisión de no intervención por parte del banco central (BCRA).

Como parte del compromiso de proteger a los sectores más vulnerables, se acordó que el gasto en asistencia social deberá mantenerse por encima de 1.2% del PIB.

Ante esto, la agencia Moody’s opinó que reduciría sustancialmente la necesidad de Argentina de acudir a los mercados de capitales internacionales. (Con información de El Cronista)