Todas las dependencias de gobierno, salvo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, registran recortes en servicios personales, que se refieren al gasto que se destina a remuneraciones del personal, tales como sueldos, dietas, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social y obligaciones laborales, entre otras prestaciones.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los ramos administrativos tienen un presupuesto en servicios personales por 323,876 millones de pesos, lo que significa 16,172 millones de pesos menos que lo que se les aprobó en el 2018.

A pesar de dicho recorte, este gasto es 2.4 veces mayor al gasto que se destina a la inversión pública de las entidades, el cual será por 140,748 millones de pesos. Estos recursos sirven para la creación o mantenimiento de equipo o instalaciones.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tendrá un presupuesto en servicios personales de 81 millones de pesos, lo que significa 33.1% menos, respecto al año anterior. Es el ajuste más alto entre las entidades públicas.

También los reguladores en el sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tendrán recortes en servicios personales de 31.1 y 30.3%, respectivamente.

Otra dependencia que tendrá un recorte en dicho rubro es la Secretaría de la Función Pública, pues contará con 718 millones de pesos, lo que significa 28.7% menos de lo que se registró en el 2018.

Leticia Armenta, economista del Tecnológico de Monterrey, comentó que, si bien es positivo que se reduzcan ciertas prestaciones a los servidores públicos que eran muy onerosas, el nuevo gobierno debe cuidar que no exista fuga de talentos.

“Es cierto que se ha abusado de ciertos servicios que no tendrían que estar a cargo del erario, pero al disminuir los salarios lo que se provoca es que las personas más calificadas van a dejar el servicio público, lo que podría deteriorar el funcionamiento de algunas dependencias”, dijo.

A su parecer, el gobierno debería analizar las funciones de los trabajadores, ya que hay áreas que requieren una especialización, por lo que no se puede tratar igual a un oficinista, que puede hacer su trabajo en cualquier dependencia del gobierno, a otro que requiere de especialización y experiencia.

Entre las dependencias que más personal especializado requieren está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues es la que se hace cargo de la colocación de deuda, de evaluar riesgos y de mantener sólidas las bases macroeconómicas y las finanzas públicas del país.

Sin embargo, su gasto en servicios personales tendrá un recorte de 17.4%, es decir, dispondrá de 15,531 millones de pesos.

La Secretaría de Economía tendrá un recorte de 17.4%; la Secretaría de Energía, un recorte de 16%, y la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora será la del Bienestar, tendrá un ajuste de 19.5 por ciento.

En contraste, la Sedena tendrá un mayor presupuesto para el rubro de servicios personales, ya que tendrá un gasto por 58,383 millones de pesos, 5.3% más que en el 2018, mientras que la Marina dispondrá de 22,221 millones de pesos, 3.8% más que el año anterior.

Ramos autónomos, sacrificados

Los organismos que conforman los ramos autónomos también registraron recortes en el rubro de servicios personales, pues tendrán 19,035 millones de pesos menos que en el 2018, con lo que tienen un presupuesto por 67,649 millones de pesos.

Ello sin considerar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que, de acuerdo con Hacienda, aún no envía su presupuesto para registrarlo en su portal.

La entidad que registró el mayor recorte en servicios personales fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (que está en posibilidad de ser eliminado), con un ajuste de 29%, con lo que tendrá 395 millones de pesos.

El Poder Legislativo tendrá un ajuste de 17.5%, es decir, tendrán 1,864 millones de pesos menos, mientras que el Poder Judicial tendrá un recorte de 9.3%, con lo que dispondrá de 55,088 millones de pesos.

Una de las principales prioridades del nuevo gobierno es tener un mandato austero, aunque no ha definido el efecto negativo que tendrá sobre la función de las dependencias públicas.

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