Al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF) se le ha planteado una reforma para que los contadores públicos auditores que no informen a la autoridad fiscal de anomalías encontradas en las empresas auditadas serán penalizados, en el peor de los casos, hasta por seis años de cárcel.

En este sentido, la autoridad fiscal busca transferir a los contadores una responsabilidad que es del contribuyente debido a que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y así evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales.

“Se busca trasladar la responsabilidad solidaria, tanto del contribuyente como del dictaminador. Dentro de los alcances del contador público auditor que  realiza la auditoría podría omitir, sin intención, una operación que realizó una empresa en cierto año fiscal, ¿deberá de pasar hasta seis años de cárcel?”, se preguntó Guillermo Mendieta, integrante de la comisión técnica de auditoría fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México en entrevista.

Además, de la pena de cárcel, el contador que omita información a la autoridad fiscal podría tener una suspensión por tres años del registro del contador público. Por lo cual, el Colegio de Contadores de México hace un llamado al poder Legislativo para que discutan y analicen de forma adecuada la reforma al artículo 52 del CFF.

El entrevistado recordó que cuando un auditor presenta su opinión de auditoría se utiliza el término de razonabilidad, mas no de veracidad, ya que es imposible revisar todas las operaciones financieras.

“Lo que dice el CFF es que el auditor toma en consideración las Normas de Actividad Financiera y las Normas de Auditoría para tratar de adecuarlo en la materia fiscal, pero para efectos de la materia fiscal todo suma”, precisó.

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