El 16 de diciembre del 2010, Marisela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde llevaba a cabo una huelga de hambre para exigir castigo para?el asesino de su hija Rubí. Pese al dolor por la muerte de su hija, pese a la indecencia de los jueces que liberaron al asesino confeso y a la indolencia de las autoridades que no lo encontraron cuando se repuso el juicio, Marisela Escobedo superó el horror y se dedicó a investigar el paradero del asesino. Su huelga de hambre fue un último recurso para con-mover a autoridades cómplices, por omisión, del feminicidio, y, por acción, del daño a miles de mujeres y niñas cuyas denuncias desoye o rechaza. En unos días este caso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias al Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua.

El valor ciudadano de Marisela Escobedo, la saña expuesta en su asesinato como defensora que denunciaba el feminicidio impune de su propia hija, la indiferencia gubernamental ante su lucha y su muerte, todo ello conmovió y movilizó a la sociedad en diciembre del 2010 en una expresión de indignación y hartazgo previa al Movimiento por la paz con justicia y libertad.

Olvidar éste y otros casos ejemplares, dejar en segundo ?plano la lucha por la justicia de cientos de madres de niñas y mujeres desaparecidas o asesinadas, ha contribuido a ocultar la gravedad de la violencia misoginia en nuestro país y se deriva de ella. Aunque hay casos monstruosos, esta violencia no puede explicarse desde la anécdota personal o el relato excepcional. Es una práctica cotidiana que se da en el ámbito familiar, escolar, laboral, en las calles y carreteras y se reproduce en las instituciones que la toleran, justifican o encubren en vez de prevenirla y sancionarla, en vez de hacer justicia y garantizar la reparación del daño.

Aunque en la violencia machista inciden diversos factores, no se pueden pasar por alto la prevalencia de la impunidad del feminicidio, la violación, la trata, el acoso y la desaparición, ni la tibieza de las autoridades encargadas de la impartición de justicia y de las políticas de género ante esta grave crisis.

Dada la preocupación que ha generado en los medios y en la clase política el brutal ataque en la carretera y en redes sociales contra Ana Gabriela Guevara, habría que ir más allá de la denuncia, la indignación y las lamentaciones y exigir, desde la sociedad, una evaluación integral de las políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia, con la violencia de género, y con la promoción de la igualdad, como ya ha sugerido el colectivo Académicas en Acción Crítica.

En comisiones, fiscalías, sistemas, institutos, capacitación de personal y campañas se han gastado millones de pesos en los últimos 16 años cuando menos. ¿Qué ha resultado de esto? ¿Han contribuido estas inversiones a disminuir la violencia de pareja o sólo han abultado la burocracia y enriquecido el discurso oficial? ¿Se ha profesionalizado a jueces y ministerios públicos o se les han dado instrumentos para hablar mejor y actuar igual? ¿Dónde están los presupuestos y políticas para la prevención? ¿Qué políticas integrales se han promovido? ¿Se ha sancionado ya a los medios y grupos que cosifican a las mujeres y reproducen y justifican la violencia machista?¿Se ha impedido que funcionarios omisos en casos de feminicidio y trata sigan viviendo del erario? ¿Se ha sancionado a gobernadores, legisladores o jueces que siguen denigrando a las mujeres o bromeando con la violencia machista?

La brutalidad desatada contra Ana Gabriela Guevara es un eslabón más en la cadena de violencia personal, social e institucional que se ha minimizado en los medios y en el discurso oficial, y que la sociedad tiende a naturalizar. Es un caso emblemático de violencia misógina que daña a millones de mujeres y niñas. La impunidad del asesinato de Marisela Escobedo es un caso emblemático de violencia criminal tolerada por el Estado. Podríamos añadir miles más.

La violencia contra las mujeres es cotidiana y acumulativa. La exigencia de prevención, sanción y justicia debe serlo también.

lucia.melgar@gmail.com