El viernes de la semana pasada concluyó el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Con esta fecha límite, las cámaras de Senadores y Diputados tuvieron una agenda ajustada para sacar adelante distintas iniciativas, varias de sumo interés para los distintos gremios y comunidades relacionados con la vida cultural del país.

Hubo discusiones que no se llegaron al pleno y, a pesar de lo necesarias y urgentes que pudieran resultar para los gremios involucrados, su planteamiento y votación deberán aguardar al menos hasta el 1 de septiembre, cuando se instaure el primer periodo ordinario de la LXV Legislatura.

Uno de los dictámenes en la Cámara de Diputados que más llamaban la atención fue aquel por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada, misma que el viernes dividió opiniones en San Lázaro, propició una extensa discusión y finalmente, con 87 votos a favor, 292 en contra y 59 abstenciones, no alcanzó su aprobación en lo general y finalmente fue desechado.

Pendientes en el Senado y San Lázaro

En el Senado de la República quedó pendiente su discusión en las comisiones de Educación, Cultura y Estudios Legislativos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que fue enviada de San Lázaro a la cámara alta desde febrero pasado y la cual, entre otros detalles, avala la ampliación del precio único para libros editados o importados hasta por 36 meses —cuando en la ley vigente son 18 meses— a partir del momento de su emisión.

Asimismo, esta iniciativa por primera vez designa a la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor para prever, investigar y sancionar aquellas prácticas que afecten al funcionamiento del mercado de acuerdo con las disposiciones en la ley, entre ellas la del precio único del libro.

En medio de la pandemia atroz que golpeó duramente a la industria editorial, esta propuesta fue urgida desde el año pasado por un sector de la cadena productiva del libro, puesto que, argumentó, propicia una competencia menos desigual entre libreros grandes y pequeños por el precio de los libros en un momento en el que, de acuerdo con la Red de Librerías Independientes, al menos el 70% de los pequeños libreros ha padecido algún tipo de estrago —desde retrasos en los pagos de locales hasta el cierre definitivo— por la crisis económica y el comercio desigual propiciado por medidas de rescate de cada eslabón de la cadena del libro, como los descuentos directos desde las páginas de las editoriales. Sin embargo, el estatus al cierre del periodo es “pendiente” en comisiones.

Nueva ley de cine volverá a discutirse

Otra de las iniciativas en el Senado que no tuvo buen desenlace al inicio de la semana pasada, al menos durante la LXIV Legislatura, fue aquella para abrogar la Ley Federal de Cinematografía y, con ello, la expedición de la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, cuyos detalles, opiniones a favor y en contra, han sido documentados por este diario durante su trajín por el Legislativo.

Aunque la iniciativa estaba prevista para discutirse en comisiones el lunes pasado y, de aprobarse se hubiera discutido y votado en el pleno antes del final de la legislatura, de último momento se echó para atrás y, a decir del senador Ricardo Monreal Ávila, quien promovió la iniciativa, deberá someterse de nueva cuenta a parlamento abierto dada la inconformidad por parte de los empresarios exhibidores por temas como la restricción de la exhibición de cintas o estrenos a un máximo de 45% de pantallas disponibles en el país o la reserva del 15% en tiempo de pantallas y en plataformas de servicio streaming para producciones nacionales.

Para regular la apropiación de diseños originarios

Entre las iniciativas destacadas con adyacencias culturales que tuvieron el visto bueno de la Cámara de Diputados fue la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, misma que llegó a la Comisión de Pueblos Indígenas desde diciembre de 2019 y este viernes fue aprobada con modificaciones y devuelta al Senado de la República.

Primordialmente la ley se establece para reconocer y garantizar la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y, con ello, la protección de sus conocimientos, expresiones culturales y propiedad intelectual colectiva. Esta ley pretende incidir con sanciones en un tema que ha sido discusión en los últimos años, como son los casos constantes de apropiación o plagio de diseños propios y tradicionales de culturas originarias en el país.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx