Uber, Cabify y apps de taxis, en la mira de gobiernos por datos

Después de las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet, las plataformas digitales de transporte como Uber y Cabify así como las aplicaciones de taxis están en la mira de los gobiernos como fuente de información y que podría arriesgar la privacidad de los usuarios.

Los expertos ven que este tipo de empresas, que registran los datos personales de los usuarios, sus trayectos en tiempo real, información bancaria y hasta de contactos, comienzan a ser blanco de los gobiernos al solicitar la información de los usuarios como lo hacen ya con las empresas de telecomunicaciones.

La contratación de Joe Sullivan por parte de Uber para dirigir su oficina de Seguridad, así como el robustecimiento de su departamento legal son muestras de que la compañía registra una creciente cantidad de solicitudes por parte de las autoridades.

"Uber está contratando personal para su departamento legal porque está registrando un largo número de peticiones de los gobiernos alrededor del mundo y por eso necesita más personal. Parece que hay un problema, los gobiernos alrededor del mundo están pidiendo información a Uber y esperemos ver próximamente reportes de transparencia de estas empresas", explicó Kurt Opsahl, Director Ejecutivo Adjunto y Asesor General de la Electronic Frontier Foundation (EFF).

En una entrevista con El Economista, Opsahl consideró que Sullivan podría ayudar a Uber a seguir las buenas prácticas para la protección de los datos de los usuarios dados sus antecedentes en Facebook, firma que ahora publica reportes de transparencia donde da cuenta del número de solicitudes que recibe de los gobiernos para la entrega de información de sus usuarios.

Uber no es la única compañía susceptible de recibir peticiones de gobiernos. Las aplicaciones de taxis como Yaxi o Easy Taxi también son susceptibles de recibir peticiones del gobierno.

Ricardo Weder, CEO de Cabify México, reconoce que el respeto a la privacidad y confidencialidad de los usuarios debe ser primordial por lo que la entrega de datos a las autoridades no debe ser arbitraria ni sin un mandato judicial.

"Si estuviéramos dispuestos a compartirla, dependería del caso y la regulación pero para estos casos, es un proceso judicial fuerte para que te puedan exigir que des los datos. Es un tema delicado", aseguró.

La EFF ha empujado por la aplicación de "buenas prácticas" para la protección de datos y defensa de la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y tecnología, incluyendo: el establecimiento de una política de privacidad clara, detallada y accesible; la exigencia de una autorización judicial ante requerimientos de datos y metadatos por parte de las autoridades; y una política de notificación a usuarios afectados por vigilancia.

También señala la publicación de un informe de transparencia sobre requerimientos de autoridades; la defensa de los usuarios sobre medidas de vigilancia abusivas; y el rechazo a la vigilancia masiva, y la promoción del derecho a la privacidad.

En México, la EFF en conjunto con R3D, organización defensora de los derechos humanos en ambientes digitales, realizaron un análisis para las operadoras de telecomunicaciones en México, y ya ponderan la posibilidad de realizarla para los servicios de transporte habilitados por las plataformas tecnológicas.

"Estamos muy interesados en hacer un reporte específico para que en los próximos seis meses hacer un informe sobre Yaxi, Uber, Easy Taxi porque estamos empezando a ver que es algo que los gobiernos están poniendo la mirada para pedir datos", dijo en entrevista Luis Fernando García, director general de R3D.

Los defensores de los derechos digitales reconocen que la transparencia y la aplicación de estas prácticas para la defensa de la privacidad deben ser factores esenciales para la operación y desarrollo de nuevas plataformas como Uber y Cabify, y evitar un potencial uso de los datos personales como una moneda de cambio con los gobiernos para que les permitan operar, sobre todo en ciudades donde se han enfrentado a resistencias, incluyendo el Distrito Federal.

Sin embargo, ni la EFF ni R3D han documentado o tenido conocimiento de algún caso donde la entrega de los datos de los usuarios haya sido una condición para que los gobiernos autoricen su operación.

"Uber y estas empresas están haciendo contrataciones para gestionar un amplio número de solicitudes del gobierno. Las solicitudes están ahí pero no tengo información de acuerdos secretos", reconoció Opsahl, de la EFF.

Juan Pablo Adame Alemán, legislador federal por el PAN y presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la LXII Legislatura, consideró en entrevista que, más allá de una regulación para controlar las solicitudes de información de los gobiernos a estas plataformas, se debe empujar por una concientización de la ciudadanía y de las empresas para robustecer las prácticas de protección de datos y privacidad de los usuarios.

"Tenemos el derecho a la privacidad y es algo que se tiene que garantizar en cualquier espacio. Las tecnologías de la información y este tipo de servicios te dan una oportunidad de que se plantean nuevos retos. Soy proclive de que las tecnologías se puedan desarrollar, y una vez desarrolladas, puedan entrar esos límites para que no permitan el libertinaje o los abusos pero primero dejemos que se desarrollen las industrias", afirmó.

julio.sanchez@eleconomista.mx

erp