Alertan falta de transparencia en recursos de milicia

El gasto destinado a las Fuerzas Armadas en México se disparó en los últimos años hasta alcanzar incrementos históricos de más de 120%, mientras crecen las alertas por el uso de fideicomisos, convenios y mecanismos extrapresupuestarios que amplían el poder financiero militar con bajos niveles de transparencia, de acuerdo con el informe “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”, elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Dicho documento advirtió que el presupuesto de la Sedena pasó de 129,259 millones de pesos en 2023 a 286,309 millones en 2024, lo que representó un aumento superior a 120% en apenas un año.

La analista de datos de la ONG, Daniela Osorio, durante la presentación del trabajo indicó que el gasto militar en México está por encima del promedio mundial de 37%, lo que colocó al país como el segundo con mayor gasto militar de América Latina y el Caribe en 2024.

Osorio sostuvo que el aumento de recursos no se limitó a tareas de defensa y seguridad, sino que se extendió a la administración de infraestructura estratégica, empresas públicas y proyectos ferroviarios, aeroportuarios y portuarios, consolidando lo que denominó una “militarización administrativa”.

MUCD señaló que este incremento fue el mayor registrado en toda la serie histórica y estuvo vinculado principalmente a la asignación de recursos para concluir proyectos prioritarios del gobierno federal, particularmente el Tren Maya.

El informe detalló que, en términos reales, el presupuesto de la Sedena creció más de 313% entre 2006 y 2024, al pasar de 69,230 millones de pesos a 286,309 millones. En el mismo periodo, la Secretaría de Marina (Semar) incrementó sus recursos en aproximadamente 226%, al pasar de 24 1,369 millones a 79,335 millones de pesos.

Aunque en 2025 y 2026 hubo reducciones respecto al pico alcanzado en 2024, el estudio advirtió que los niveles presupuestales militares siguen siendo muy superiores a los registrados antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fideicomisos

El documento señaló que, además del incremento histórico en recursos para la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones militares han ampliado su autonomía financiera mediante instrumentos que escapan parcialmente al escrutinio público, particularmente los fideicomisos públicos.

MUCD indicó en su informe que al cierre del 2025 la Sedena (cinco) y la Marina (cuatro) administraban nueve fideicomisos públicos sin estructura orgánica con una disponibilidad de 87,706 millones de pesos con 68,155 y19,551 mdp respectivamente.

“Esta cantidad equivale al 15.8% del total de recursos administrados mediante fideicomisos sin estructura orgánica en toda la APF (Administración Pública Federal).

“El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) destaca como el principal fideicomiso de la Sedena, con $52,330 mdp al cierre de 2025, lo que representa el 76.8% del total de recursos fiduciarios de la dependencia.

“Este instrumento se ubica como el tercer fideicomiso de mayor monto en toda la APF, sólo por detrás del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo Nacional de Infraestructura, ambos administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, indicó la ONG.

Añadió que el problema se agrava tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en marzo de 2025, pues el sistema de transparencia quedó bajo control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente del Ejecutivo federal.

Según el informe, esto representa un deterioro en las condiciones para investigar y documentar el actuar militar, debido a que las excepciones de seguridad nacional ya funcionaban como barreras importantes para acceder a información castrense.

“Los mecanismos extrapresupuestarios (fideicomisos, convenios interinstitucionales, ingresos propios de empresas paraestatales) constituyen fuentes adicionales de recursos que amplían de manera significativa la capacidad financiera real de las instituciones castrenses”, se leyó en el reporte.

“(El informe) confirma que el empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas no es un efecto secundario de las políticas de seguridad: es una lógica deliberada de acumulación y permanencia.

“Revertirla exige restablecer los controles democráticos sobre el presupuesto público, con independencia de quién lo administre”, expresó la ONG.