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Trump apuesta por una guerra con piedras
Fausto Pretelin Muñoz de Cote | Globali… ¿qué?
El silencio también preocupa.
El presidente de Estados Unidos lanza fuego durante una guerra que debería de preocupar al mundo democrático que aún cree en las reglas internacionales de derecho.
Jueces, fiscales y una funcionaria relevante de Naciones Unidas han visto cómo el presidente Donald Trump los acosa y sanciona por hacer su trabajo.
Once juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI), que investiga presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en la Franja de Gaza, así como los crímenes perpetrados por los distintos actores en la guerra de Afganistán, no pueden hacer compras con sus tarjetas Visa o Mastercard, ni tampoco usar su dinero en cuentas bancarias.
No pueden comprar en Amazon ni reservar un Airbnb. En el caso de la Relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, le retiraron la visa estadounidense y no puede viajar a la ONU para presentar su informe. Le congelaron sus bienes vinculados a Estados Unidos, es decir, una cuenta bancaria y su departamento.
“Las sanciones están pensadas para que tu vida se vuelva tan estresante que dejes tus funciones”, comentó el juez Nicolas Guillou (El País, 21 de diciembre).
Trump ya no entiende de discrecionalidad legal. Lo mismo sanciona a terroristas que a juristas. Claro, jueces que investiguen a sus amigos.
Su presidencia dogmática erosiona a las instituciones de Estados Unidos, incentiva a presidentes radicales para que se conviertan en tiranos y, lo peor, intenta desmantelar el derecho internacional.
Más allá de los once sancionados. Trump amenaza con dinamitar las bases del TPI; quiere que se modifique el Estatuto de Roma (estructura legal que sostiene al TPI) para que deje de enjuiciar a los jefes de Estado que hayan cometido actos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, además de investigar el delito de agresión de un Estado por la fuerza militar.
En pocas palabras, Trump prepara su salida de la Casa Blanca. No quiere que él ni los miembros de su Gobierno sean señalados en el futuro. Pese a que Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma (que en la administración de Bill Clinton había firmado en el año 2000, pero que George W. Bush la retiró en 2002), el TPI abre investigaciones sobre delitos cometidos sin importar jurisdicciones fuera de su alcance.
¿Qué podría decir Pete Hegseth, secretario de Guerra, al haber ordenado matar a dos de los tripulantes de las supuestas narco-lanchas en el Caribe?
Se equivoca Trump al armar una estrategia contra Nicolás Maduro por dirigir un narco estado. A Maduro hay que llevarlo a un tribunal internacional por violar los derechos humanos; por lo que ya demostró la ONU sobre sus posibles delitos de lesa humanidad; y por haberse robado las elecciones presidenciales.
No se ven ni se escuchan reacciones de presidentes que todavía creen en la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional.
La guerra de Trump contra el TPI es muy seria. Si no se toma en cuenta, en pocos años veremos la desaparición de la justicia supranacional.
Los terrícolas pelearán con piedras.