La paja en el ojo ajeno

Ni el título ni el tema es nuevo, estos se manifiestan, cada cierto tiempo, cuando la política estadounidense atraviesa por alguno de sus habituales episodios de ansiedad nacional, entonces surge una vieja costumbre que nunca pasa de moda: buscar culpables al sur de la frontera.

Antes que nada debo aclarar que no meto las manos al fuego por ningún gobernante mexicano, de ningún partido. La política mexicana tiene suficientes antecedentes como para que uno prefiera conservar sus manos intactas y lejos de cualquier fogata.

Resulta que según Los Angeles Times, el gobierno de Donald Trump está investigando  a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas,  por presuntos vínculos con el narcotráfico. Antes apareció el nombre de Rubén Rocha Moya. Mañana quién sabe. La lista puede crecer tanto como el presupuesto del Pentágono o las promesas de campaña de cualquier político.

Si existen pruebas, que se presenten. Si existen delitos, que se castiguen. Hasta ahí no hay discusión Lo que sí resulta digno de análisis psiquiátrico es la obsesión histórica de Washington por encontrar la paja en el ojo ajeno mientras ignora la viga que le atraviesa la propia frente.

Porque uno escucha a los funcionarios estadounidenses hablar del narcotráfico y pareciera que la cocaína, el fentanilo, la metanfetamina y demás sustancias llegan a Nueva York, Chicago o Los Ángeles transportadas por fantasmas mexicanos que cruzan la frontera, reparten la mercancía y desaparecen en una nube de humo de copal.

Hay una pregunta elemental que se repite desde hace décadas y que nadie parece dispuesto a responder: ¿Quién vende la droga dentro de Estados Unidos? Porque hasta donde se sabe, los cárteles mexicanos no tienen tiendas de conveniencia repartidas en los barrios estadounidenses, ni controlan oficialmente las esquinas de Filadelfia, ni despachan narcóticos desde oficinas con vista al Capitolio. Alguien recibe la mercancía. Alguien la distribuye. Alguien la protege. Alguien lava el dinero. Alguien compra. Y millones de personas la consumen.

Sin embargo, la narrativa oficial insiste en presentar a Estados Unidos como una especie de víctima inocente sorprendida por una lluvia inesperada de drogas procedentes de México. Es una explicación tan cómoda como culpar a los fabricantes de cucharas por la obesidad nacional.

Es curioso observar cómo EU exige a México combatir a los cárteles mientras en su propio territorio el consumo continúa produciendo ganancias multimillonarias para toda la cadena criminal. Más curioso todavía resulta que el país que ha invertido billones de dólares en sistemas de vigilancia, inteligencia satelital, espionaje electrónico, reconocimiento facial y monitoreo financiero sea incapaz de descubrir quién distribuye la droga en sus propias calles.

Para detectar a un gobernador mexicano parecen disponer de tecnología digna de una película de ciencia ficción. Pero para identificar a los distribuidores que operan en Baltimore, Detroit o San Francisco, aparentemente siguen utilizando una brújula rota y un mapa dibujado con crayolas.

La contradicción no pasa inadvertida para el resto del mundo. Desde fuera, la actitud estadounidense oscila entre la hipocresía y la incompetencia. Hipocresía, porque exige a otros resolver un problema cuya raíz principal está dentro de su territorio. Incompetencia, porque después de medio siglo de guerra contra las drogas, Washington sigue buscando culpables afuera porque los clientes están adentro.

Por eso cada vez que surge una nueva acusación contra políticos mexicanos aparece inevitablemente una sospecha geopolítica. ¿Y si el narcotráfico funciona también como una herramienta de presión? ¿Y si la permanente crisis de las drogas sirve para justificar intervenciones políticas, económicas o diplomáticas en los países productores? No afirmo que sea así. Pero la pregunta existe porque la historia existe.

Mientras tanto, en México, nuestros políticos continúan ofreciendo material para la sospecha con una generosidad verdaderamente patriótica. Y en Estados Unidos, sus gobernantes siguen actuando como si el problema comenzara exactamente en la línea fronteriza y no en sus calles donde millones de consumidores mantienen vivo el negocio.