¿Huachicol electoral?

Como señalan varios diarios, entre ellos el Economista, la trama corrupta del huachicol fiscal salió a la luz gracias al buque Challenge Procyon, que zarpó de Beaumont, Texas, el 16 de marzo de 2025 y atracó en el puerto de Tampico tres días después. Aunque en su documentación reportaba llevar una carga de aditivos para aceites lubricantes, las investigaciones revelaron que en realidad transportaba alrededor de 10 millones de litros de diésel. El hallazgo derivó en un operativo a gran escala que concluyó con la detención de 14 personas, entre ellas miembros de la Marina, antiguos funcionarios aduanales y empresarios vinculados. Además, se hizo pública la escandalosa corrupción de las instituciones mexicanas, que permitió un entramado de tal magnitud. 

En este contexto, las palabras emitidas el 16 de septiembre por el almirante Raymundo Pedro Morales pueden ser el primer paso para que la lucha contra la corrupción se vuelva una lucha real y no solo palabras: “Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, dijo enfático. Sus dichos deben convertirse en hechos: la construcción institucional de contrapesos capaces de combatir a los corruptos. Se trata, no de que un almirante virtuoso encabece la batalla contra los deshonestos con su voluntad, sino de que ésta se traduzca en normas y vigilantes.

Por supuesto, también deben ser señalados e investigados los civiles corruptos. Sería importante, entre otras cosas, que la investigación nos dijera a dónde fue a parar todo el dinero que dejaron de pagar en impuestos. Posiblemente a las arcas de varias personas. Pero también se escucha la grave sospecha de que alguna parte fue a dar a las campañas políticas del 2024, lo que termina quitándole legitimidad, no digamos a quienes fueron electos sino a la propia democracia mexicana, que no logra sacudirse el dinero sucio.

Lo anterior me lleva a un último punto: la reforma electoral que comienza a construirse en audiencias públicas recién inauguradas, debería intentar resolver el problema del dinero ilegal que paga campañas. Ese dinero desequilibra la competencia y la vuelve injusta, lo que a la postre afecta la fortaleza de quien gobierna: no solo le debe su puesto a los votantes, se lo debe también a los grandes corruptores. Cuando el dinero ilícito financia campañas, la democracia nace hipotecada.