Deforestación, tragedia en la 4T

En 2018, México contaba con 58 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes al 29% del territorio nacional. Esto incluía selvas tropicales húmedas y secas, y diferentes tipos de bosques templados de coníferas, encinos y otras especies. Pero sólo en 2019 fueron destruidas 320,000 hectáreas (más del doble de la superficie de la Ciudad de México), la cifra más alta registrada desde que existen datos anuales comparables (Global Forest Watch). Sólo en la región Lacandona, ese mismo año, se observó la tasa anual de deforestación más elevada de la historia, de más de 30,000 hectáreas de bosque tropical perennifolio. En 2024 nuevamente se alcanzó a escala nacional una cifra dramática de deforestación, de 330,000 hectáreas. (Por cierto, esto implicó la emisión de 120 millones de toneladas de CO2, o sea el 15% del total de emisiones de CO2 de nuestro país en un año). Entre 2019 y 2024 la cifra acumulada de destrucción de bosques naturales en México rebasó 1.56 millones de hectáreas, esto es, más de diez veces la superficie total de la Ciudad de México. El aumento notable en las cifras anuales de deforestación, así como en el total acumulado durante los años de la 4T, tienen como importante factor explicativo al programa de subsidios “Sembrando Vida”, que paga 6,200 pesos al mes a ejidatarios y comuneros por desmontar ecosistemas forestales, sobre todo acahuales y bosques secundarios, para “sembrar árboles frutales y maderables”. Es lamentable que esta tragedia no merezca la atención de las autoridades de Semarnat, ni tampoco de ambientalistas, investigadores y medios de comunicación. Las causas clásicas inmediatas o vectores directos del drama de deforestación en México, como ya sabemos, incluyen a la agricultura de subsistencia en comunidades campesinas, ganadería extensiva, y agricultura comercial, como los desmontes de miles de hectáreas por parte de Menonitas en Campeche y Quintana Roo. Hoy en día debe sumarse también la deforestación causada por el Tren Maya en la Península de Yucatán, y por otras obras de infraestructura militarizadas. En la península de Yucatán, en los últimos años, se han devastado en promedio más de 58 mil hectáreas de bosque tropical anualmente (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible https://ccmss.org.mx/evaluacion-deforestacion-2025/). En Campeche, entre 2023 y 2025 se destruyeron más de 23,000 hectáreas de selva tropical, en Yucatán más de 22,000, y en Quintana Roo más de 15,000 hectáreas de bosques tropicales. En total, entre 2023 y 2025, la Península de Yucatán vio perderse 123,000 hectáreas de selva, tanto en Campeche (principalmente en los municipios de Calakmul, Champotón y Candelaria); como en Yucatán (municipios de Tizimín, Temax, Valladolid); y Quintana Roo, sobre todo, al sur del estado en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar por actividades agropecuarias y el Tren Maya.

Esta catástrofe, entre 2019 y 2025, durante los gobiernos de la 4T, tiene, además de sus vectores históricos directos ya señalados, varios elementos determinantes en el contexto actual. Uno, desde luego, es la interrupción del proceso de Transición Forestal que venía observándose en las últimas décadas con la emigración de campesinos desde zonas rurales a las ciudades, y con el consecuente abandono de tierras agrícolas y ganaderas marginales, lo que permitía la recuperación de bosques, especialmente en el centro de México. El programa “Sembrando Vida” cambió los incentivos, y no sólo indujo directamente deforestación (como lo muestran los datos). También revirtió en muchas regiones el proceso migratorio y la búsqueda de nuevas oportunidades productivas en las ciudades para hijos de ejidatarios y comuneros, ahora “arraigados” en el campo por los 6,200 pesos mensuales de subsidio de “Sembrando Vida”. Debe añadirse la inanición funcional de las Áreas Naturales Protegidas operadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y que representaban un escudo institucional significativo para inhibir y desacelerar la deforestación. Otro elemento notable de contexto actual es el debilitamiento de los programas de Pago Por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal, que eran un incentivo poderoso a los propietarios para conservar bosques y selvas. Adicionalmente, se olvidaron las políticas para el aprovechamiento sustentable de bosques en ejidos y comunidades, que ofrecían a sus propietarios un valor económico muy importante a la conservación. Destacan así mismo el franco desinterés por las políticas ambientales durante los gobiernos de la 4T entre 2019 y 2025, así como recortes presupuestales reales e incapacitantes en todo el sistema Semarnat incluyendo a Profepa, Conafor y CONANP. Es de resaltarse la depauperación de las políticas de conservación, que ahora se orientan en lo general a rituales mediáticos de presentación de “programas” fantasiosos y retóricos. Por último, no debe olvidarse que la inspección y vigilancia y aplicación de la Ley también han sido desmanteladas con la incapacitación de la Profepa, y desaparición de la Gendarmería Ambiental. La impunidad ahora es la constante. Todo esto explica la tragedia forestal de México entre 2019 y 2025, que no hará más que empeorar durante los próximos años.