¿Control de la comunidad o sobre la comunidad?

Ante el anuncio de la ampliación de la consulta pública acerca de Plan General de Desarrollo de la CDMX hasta el 10 de abril, es importante recordar el sentido del Derecho a la Ciudad. El texto del PGD nos asegura que el gobierno busca garantizar ese derecho y construir una ciudad “democrática”, “igualitaria”, “habitable, incluso “feminista”, además de proporcionar salud, educación, espacios verdes, movilidad, resiliencia...  El gobierno local, como el federal con otros matices, ha sabido apropiarse del discurso democrático, con perspectiva de género, intercultural, incluyente, que remite a luchas sociales para alcanzar una sociedad más justa. Detrás de esa acumulación de vocablos, sin embargo, el proyecto de PGD incluye propuestas que contradicen precisamente esas buenas intenciones. En particular, además de las omisiones comentadas antes en este espacio, llama la atención la nueva figura “administrativa” de un sistema de Casas de Gobierno que, en los hechos, podría convertirse en una estructura paralela a las alcaldías ya que sus funciones rebasan la mera  simplificación burocrática.

En el apartado “Gobernabilidad con expansión de derechos, goce de libertades y participativa”, se anuncia que, a corto plazo, “se consolidará un modelo de cercanía entre  instituciones y ciudadanía” que, a mediano plazo, constituirá un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario”, cuyas bases territoriales son las  Casas de Gobierno, de las cuales se planea construir veintiuno, al menos una por alcaldía.  En este mismo sentido se plantea fortalecer y ampliar “mecanismos de participación social, contraloría ciudadana y diálogo directo que garanticen el involucramiento comunitario en la planeación y seguimiento de las acciones de gobierno”.

El fortalecimiento de la participación ciudadana es una condición imprescindible para ejercer el derecho a la ciudad, nuestro  derecho a decidir sobre ella, nuestras necesidades, nuestras vidas, nuestro interés común. Actualmente, la participación ciudadana en asuntos locales se da  a través de Asambleas convocadas por las Comisiones de Participación Comunitaria, cuyos integrantes son elegidos (con IECDMX).  Estas comisiones dan  seguimiento a las decisiones ciudadanas y están en contacto con las alcaldías, el Congreso y el Instituto de Planeación (IPDP).

En el nuevo modelo, las COPACOs pasan a ser fuentes de información sobre el territorio;  las consultas las determinan y convocan las casas de gobierno con acuerdo del IPDP, instancias que analizan y difunden los resultados de éstas. El IPDP, además, puede decidir qué se consulta o no y  sólo aceptar decisiones que se apeguen a las metas del PGD. Así, bajo el discurso de la participación comunitaria se busca controlar a la ciudadanía en un sistema circular: el gobierno nombra a encargados de Casas de Gobierno, el IPDP determina qué se consulta y si los resultados del debate ciudadano concuerdan con sus propias metas. Si consideramos que las Casas de Gobierno también concentrarán “programas sociales” y “facilitarán” el acceso a servicios, cabe preguntarse si con esta arquitectura burocrática se busca favorecer la participación comunitaria o más bien se trata de controlarla mediante un sistema territorial de control directo, centralizado y sin representación plural. También podemos preguntar por qué se duplican funciones y gastos cuando paralelamente se dan recortes por “austeridad”: ¿qué pasará con las alcaldías?

En 2025, la primera Casa de Gobierno, inaugurada en Coyoacán, se presentó como ejemplo de descentralización administrativa. ¿Por qué habría que elevar a nivel constitucional un sistema de ventanillas de trámites, como propone el PGD?La democratización de la CdMx pasa por el fortalecimiento de la participación desde las alcaldías, a través de autoridades electas y en asambleas comunitarias del propio barrio El papel de un gobierno democrático no es centralizar la participación ni, menos, controlarla. Sí le corresponde asegurar un transporte público eficiente y limpio, servicios y seguridad para todos/as.  Un gobierno contrario al “neoliberalismo” debe escuchar a quienes exigen poner alto a los megaproyectos inmobiliarios y rechazan“centralidades” redensificadas”. Debe escuchar y respetar la pluralidad de voces que constituyen nuestra Ciudad