Los programas sociales no son nuevos y los de hoy deben modificarse

Los programas sociales para asistir a grupos vulnerables existen desde hace décadas con la creación del IMSS, el Instituto Nacional de la Vivienda y en los sectores de educación, rural, y alimentario.

En décadas recientes, se implementaron otros con objetivos explícitos de disminución de la pobreza y marginación como el Programa Nacional de Solidaridad, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA, conservado después como Oportunidades y PROSPERA), y el de Empleo Temporal (PET).

En el gobierno actual los programas sociales se ampliaron y cambiaron de orientación. La evolución de su tamaño se puede ver en el gasto público funcional, que es la clasificación de acuerdo con los objetivos de los programas (por ejemplo, el gasto en salud, lo erogan instituciones como el ISSSTE y Pemex, además de la Secretaría de Salud y el IMSS).  

El gasto funcional social ocupa el 65% del total del gasto total. Prácticamente, su 90% se concentra en Salud (21%), Educación (24%) y Protección Social (45%) y equivale al 12.1% del PIB. 

Hacienda publica el gasto funcional de 2007 a 2023, en el que el dirigido a Desarrollo Social aumentó significativamente tanto en los últimos 5 años del gobierno de Felipe Calderón, en 1.5 puntos porcentuales del PIB, como en los primeros 5 años de este gobierno, cuando subió 2 puntos para alcanzar 12.1% del PIB en 2023.  

Pero el gasto social de este gobierno es distinto.  Se basa más en transferencias directas a la población, con pocas o nulas condiciones y con padrones opacos hechos por los “servidores de la nación”, al servicio del partido oficial.  Dicho por el gobierno, “El gasto en subsidios, transferencias y aportaciones… se canaliza principalmente a los programas Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad y Sembrando Vida”.

Los programas que facilitarían a familias en pobreza salir ella, como las transferencias en efectivo condicionadas a la escolaridad, salud y vacunación y alimentación de los niños para impulsar la formación del capital humano, han desaparecido.

Hoy, familias de relativamente escasos recursos, no las más pobres, reciben pensiones de adultos mayores, transferencias para niños y jóvenes que van a la escuela (becas) y para los que no (jóvenes construyendo el futuro), y otros subsidios con pocos requisitos e incentivos al trabajo y mayor educación y salud.  

Evidentemente, ello ha consolidado la lealtad de la base electoral del régimen, pero no conforma una base que genere capital humano y permita la salida de la condición de pobreza a quienes los reciben.  

A futuro, lo deseable es que los programas sociales se modifiquen (1) para generar más capital humano que dé oportunidades a quienes necesitan mejores empleos -más productivos y formales-, emprendimiento e ingresos, que favorezcan la movilidad social y la dignidad de las personas; y (2) mediante mejores padrones y menor intención política para ayudar a los grupos vulnerables en pobreza extrema a fin de que salgan  de esa condición, así como a los adultos mayores, pero exclusivamente a los necesitados.