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Geopolítica

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Decidirá la Corte sobre el refrendo

La posibilidad de que Álvaro Uribe opte, vía referendo, a un tercer mandato consecutivo recibió ayer una opinión negativa por parte del magistrado responsable de la ponencia ante la Corte Constitucional

La posibilidad de que el presidente colombiano Álvaro Uribe opte, vía referendo, a un tercer mandato consecutivo recibió ayer una opinión negativa por parte del magistrado responsable de la ponencia ante la Corte Constitucional, que decidirá sobre el caso.

El magistrado Humberto Sierra planteó a sus otros ocho colegas de la Corte rechazar una ley aprobada en septiembre para convocar un referendo que levante la prohibición constitucional de la reelección presidencial por dos periodos seguidos.

Sierra argumentó vicios en el trámite y aprobación de la propuesta ante el Congreso, según versiones coincidentes de la prensa.

Reacción cauta

El presidente Uribe, que todavía no ha dicho si buscará un tercer mandato aun cuando el referendo fue propuesto por el oficialismo, se mostró cauto al respecto.

Aportaré prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las instituciones , dijo Uribe, quien ya había conseguido en el 2006 que el Congreso modificara la Constitución para presentarse a la reelección para un segundo periodo consecutivo.

Uribe, en el poder desde el 2002, tiene de plazo hasta el 12 de marzo para inscribir ante la autoridad electoral su candidatura presidencial para el periodo 2010-2014.

El presidente de la Corte, Nilson Pinilla, confirmó que el magistrado Sierra entregó la ponencia, pero se abstuvo de ratificar o desmentir el contenido filtrado a la prensa.

Aunque el máximo tribunal garante de la Carta Magna dispone de 60 días hábiles para pronunciarse sobre esa ponencia, Pinilla dijo que seguramente la decisión se tomará antes .

Diferentes medios locales filtraron que el contenido de la ponencia apunta a un fallo de inconstitucionalidad de la convocatoria del referendo, por vicios de trámite.

Uno de los vicios más importantes fue la violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para la consulta popular que era de unos 180,000 dólares y superó el millón de dólares.

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