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Reguladores, con baja independencia: OCDE
El organismo recomendó al gobierno supervisar la fortaleza e independencia jurídica de los organismos y en su caso, sujetarlos a rendición de cuentas y medir su desempeño para evitar actos de corrupción.
Los órganos reguladores en México deben funcionar con independencia total, porque hay un riesgo latente de que puedan corromperse por intereses políticos y privados, recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Su advertencia fue hecha tras diagnosticar que esas oficinas tienen un bajo grado de independencia en la toma de decisiones y autonomía presupuestaria , además de que su solidez institucional está por debajo de la media de la OCDE.
La independencia de los reguladores posibilita inversiones de capital de largo plazo al crear un entorno normativo estable y más confiable , se destaca en el reporte Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria en México .
Entre los órganos reguladores están la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Federal de Competencia y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
La OCDE recomienda que el país cree una nueva agencia independiente que no obedezca al gobierno para que se puedan identificar otras oportunidades de reformas y mejoras , dijo Nick Malyshev, jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, en la presentación del documento.
La OCDE, cuyo secretario general es José Ángel Gurría, aconsejó incluir procedimientos claros para la designación del titular y del Consejo de Administración del organismo (de preferencia por o con la aprobación del Congreso), y establecer condiciones claras para la destitución del titular y del Consejo de Administración (sólo criterios meticulosamente definidos como infringir la ley o incapacidad para ejercer su función).
También sugirió determinar el periodo fijo del cargo y los límites para la renovación del mandato (de preferencia sólo una vez), así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Otra de sus propuestas consiste en estipular las condiciones para la incompatibilidad con otras funciones, conflicto de intereses (por ejemplo, mediante participación accionaria en una empresa que opera en el sector regulado) y limitaciones para aceptar un puesto en esa empresa después del mandato.
Finalmente, puso énfasis en que el proceso legislativo que ejerce el Congreso mexicano no contiene ningún tipo de análisis de mejora regulatoria, en contraste con el gobierno federal. Mencionó que podrían empezar a utilizarse técnicas para la evaluación ex ante y ex post del impacto de la legislación.
rmorales@eleconomista.com.mx