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Arte e Ideas

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Periscope, cámaras de video y los 21 candados

Los bancos, las tiendas de autoservicio, los semáforos , los aeropuertos y hasta los cafés y restaurantes están cada vez más vigilados por cámaras de video.

Hace un par de semanas comentaba con usted las ventajas que tiene el uso de Periscope para exhibir y presionar a individuos que actúan al margen de la ley. A este mismo respecto, ha habido opiniones encontradas y puntos de vista de algunos respetables periodistas, políticos, legisladores y desde luego varios rufianes que consideran que el uso de la aplicación es una violación a la libertad de los derechos humanos.

Entiendo el punto de vista de estos periodistas y demás quejosos, pero no lo comparto ni creo que su molestia esté fundamentada, si consideramos el contexto social en el que vivimos.

Para empezar, creo que tenemos que partir de la base de aceptar la realidad como es. Actualmente, cualquier persona que camine por la calle o algún espacio público es sujeto a ser fotografiado o grabado por cualquier persona o institución que tenga un dispositivo capaz de hacerlo. Lo ideal, claro está, sería que esto no pasara, pero la realidad es distinta.

Los bancos, las tiendas de autoservicio, los semáforos, los aeropuertos y hasta los cafés y restaurantes están cada vez más vigilados por cámaras de video que en ocasiones están conectadas con empresas de seguridad que monitorean estos sistemas.

Imagine usted lo que pasaría si tuviéramos que girar autorizaciones por toda la ciudad día a día para ser retratados o grabados. Sin nosotros dar autorización expresa, en casi cualquier momento del día que pasemos en lugares públicos, somos sujetos a que nuestra imagen sea utilizada como lo decida el dueño de la cámara. En estos casos, ¿quién es el dueño de la imagen? Suponiendo que el dueño es quien porta el dispositivo.

¿Tiene derecho a difundirla? Si adicionalmente el difundir la imagen va a poner en evidencia una falta a la ley o a los derechos de los demás, ¿no es mayor el beneficio que el perjuicio social?

En lo personal, yo nunca he autorizado al gobierno de la recién creada Ciudad de México que utilice cámaras para grabar si estoy usando el cinturón de seguridad, si estoy usando mi teléfono móvil mientras manejo o si estoy conduciendo a la velocidad máxima permitida. Tampoco he autorizado a las oficinas encargadas de enviarme el adeudo del predial o de tomar fotografías de mi casa desde lo alto para ver si he construido algunos metros adicionales.

Sin embargo, entiendo que estas nuevas tecnologías ayudan a las instituciones públicas y privadas a propiciar que un mayor número de ciudadanos cumplamos con las normas y las leyes convenidas o impuestas.

El día de ayer se esperaba la publicación de un documento elaborado por el Info DF y la Comisión de Ciencia de la Asamblea Legislativa, en el cual se detallarían 21 candados para el uso oficial de Periscope. Por alguna razón, Info DF decidió aplazar esta publicación sin fecha definida.

Uno de los 21 puntos que mencionará dicho documento es que las instituciones y funcionarios deberán contar con el consentimiento previo de las personas a quienes sorprendan cometiendo alguna falta cívica y pretendan evidenciar en redes sociales.

Honestamente, dicho candado me parece absurdo. Difícilmente puedo imaginarme a las personas a las cuales ha evidenciado el señor Arne Aus den Ruthen otorgándole un permiso para publicar su actitud poco cívica.

Si bien a todos nos encantaría vivir en una sociedad en la cual el uso de las cámaras fuera inútil, la realidad es que vivimos en un mundo en el cual la mayoría de los ciudadanos preferimos ser vigilados y grabados a ser robados, asesinados o abusados por la delincuencia o por los mismos servidores públicos corruptos que abusando de su posición nos obligan a caer en sus trampas y extorsiones.

Mientras la impunidad persista, la corrupción impere y la violencia sea el pan de todos los días en los parques, las escuelas, los bancos, los restaurantes, los cafés y demás sitios, bendita sea la tecnología, bendito sea Periscope y benditos sean los servidores públicos que tienen el valor de usarlos.

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