La renuncia de la privacidad con el creciente espionaje gubernamental, en aras de una mayor seguridad para los ciudadanos y el país, es uno de los mitos con el que los gobiernos buscan justificar la vigilancia descontrolada, opaca e ilegal que realizan a los ciudadanos. La muestra más evidente se puede encontrar en Veracruz. Este estado en México, a través de su Fiscalía General, ha sido el que desde el 2013 ha ejercido más acciones de vigilancia a las comunicaciones al pedir información de los usuarios a las operadoras de telecomunicaciones. La información, conocida como metadatos, incluye desde el nombre y dirección del usuario de la línea; el tipo de comunicación (voz o datos), de mensajería; el origen, destino, fecha y duración de las comunicaciones y otros servicios.

De acuerdo con una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la Fiscalía veracruzana ha realizado 1,806 peticiones de metadatos durante el 2013 al 2015, y ha requerido el rastreo en tiempo real de dispositivos unas 1,033 veces a las compañías como Telcel, Telefónica y AT&T. A pesar de este alto nivel de vigilancia e intromisiones a la privacidad de los usuarios, nadie niega que en ese estado existe una crisis de inseguridad.

Veracruz es la segunda entidad donde se ha registrado el mayor número de personas desaparecidas desde el 2014 hasta septiembre del 2016, al sumar unas 186 (le supera Guerrero, con 273). Es la entidad que más ha escalado en registros de delitos del fuero común (homicidios, extorsiones y secuestros) al pasar de la 15º posición el año pasado a la sexta en lo que va del 2016. Y es la entidad que se ha convertido en el lugar más peligroso para hacer periodismo, según han constatado organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19.

El alto nivel de espionaje está lejos de una mejor impartición de justicia, y mucho menos un mejor clima de seguridad. De acuerdo con el análisis que hizo R3D en su investigación, Veracruz es el estado que demuestra una menor eficacia tangible en las investigaciones pues de las 2,339 averiguaciones previas en las que la Fiscalía ha utilizado algún tipo de vigilancia de comunicaciones, sólo en 9 se ha ejercido una acción penal, esto es, 0.38 por ciento.

Nos venden la vigilancia como una panacea, como una herramienta que va a resolver la inseguridad, y creo que la evidencia que hemos demostrado no sindica que no es así. Por un lado hay muchas preocupaciones de violaciones a la Ley, falta de control, abusos en vigilancia y muchas afectaciones a la privacidad, no hipotéticas sino probadas, que da muy pobres resultados , dijo en entrevista Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D.

Pero el espionaje sigue creciendo a niveles exponenciales. El Economista reportó que la Fiscalía veracruzana ha realizado unas 2,460 solicitudes para acceder a los metadatos de las comunicaciones de los usuarios durante el primer semestre del 2016, así como unas 322 peticiones de geolocalización en tiempo real.

Al mismo tiempo, Veracruz se ha convertido en el Estado que más ha crecido el delitos del fuero común al pasar de los 1,371 registros anuales en el 2015 para llegar a los 2,000 durante los primeros diez meses del 2016, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En todo el país

Veracruz es un caso evidente, pero la situación es generalizada en todo el país. En su investigación, R3D dio seguimiento a las prácticas de espionaje desde el 2013, con base en cerca de 600 solicitudes de acceso a la información a entidades federales y estatales.

Del 2013 al 2015, las instancias de seguridad reportaron haber realizado unas 3,182 solicitudes de autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas. De ellas, el 94.6% fueron autorizadas, es decir, unas 3,012 peticiones. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) fueron las instancias que realizaron más peticiones la intervención de comunicaciones, al acaparar 98.1% de las solicitudes, aunque procuradurías y fiscalías estatales como la de Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo también solicitaron autorización para espiar las comunicaciones de los usuarios.

La efectividad de las medidas de espionaje vuelve a caer en cuestionamientos. De los datos recopilados por R3D, sólo en 8.73% de las averiguaciones previas en las que se utilizó alguna medida de vigilancia entre el 2013 y el 2015 se ha ejercido acción penal. De esto se deduce que 9 de cada 10 personas que podrían haber sido vigiladas con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez.

Estos son los registros oficiales. El escenario se enturbia aún más si se añade el espionaje ilegal o realizado a través de software y soluciones tecnológicas que son adquiridas en la opacidad. Por ejemplo, una filtración realizada en Wikileaks reveló que México era el cliente principal de la firma italiana Hacking Team al desembolsar más de 5.8 millones de euros en tecnología para espionaje. Entre los clientes figuran 12 gobiernos y otras entidades que no están facultadas legalmente para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos.

México gasta casi el doble en software que invade la privacidad, mucho más que otros países (...) Cuando van y buscan quién compró qué en México, encontrarán que no solamente son servicios de inteligencias los que compraron el software, sino también las agencias de la ley, la justicia, la policía, las autoridades financieras, las autoridades fiscales, y todos parecen creer que este software es útil , advirtió el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, durante su participación en la edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (Foro APPA).

Pese a este gasto millonario, México ocupa la tercera posición en el Índice de Criminalidad para 2016, desarrollado por el despacho de análisis Verisk Maplecroft, mismo que evalúa el nivel de riesgo que los crímenes violentos representan para la población, los negocios y la economía en 198 países. Encima de México se encuentran Afganistán y Guatemala.

En México, el costo de la violencia fue estimado en 134,000 millones en 2015. La tasa de homicidios del país es de 17 por cada 100,000 habitantes en 2015, que lo sitúa entre los 25 primeros del mundo, mientras que han habido más de 26,000 desapariciones forzadas desde 2007. La proporción abrumadora de la delincuencia en México se centra en el altamente lucrativo tráfico de drogas, lo que también tuvo consecuencias graves para el Estado de Derecho, debido a la coerción que las poderosas organizaciones del narcotráfico ejercieron sobre el gobierno, el poder judicial y las fuerzas de policía locales , detalla el informe.

Vigilan instituciones corruptas

Las actividades de espionaje y vigilancia son actividades esenciales para la generación de inteligencia y protección de seguridad nacional, aunque sus actividades se realizan en total opacidad. En México, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) es el principal cliente de Hacking Team y ha aumentado los accesos a las comunicaciones. Desde enero hasta octubre del 2016, esta dependencia ha recibido 708 autorizaciones para intervenir comunicaciones, esto es, 230% más de las autorizadas hace cuatro años, en todo el 2012.

Pero en México, su uso se ha realizado sin control no sólo por los órganos de inteligencia sino por procuradurías tanto a nivel federal como estatales. Estas instituciones son consideradas como las terceras más corruptas entre las autoridades de procuración y administración de justicia superadas por la Policía de Tránsito y la Policía Preventiva Municipal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del INEGI.

Y se suman otras instancias que nada tienen que ver con la impartición de justicia ni la investigación judicial, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Electoral del Distrito Federal, gobiernos estatales como el de Colima e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Existen riesgos y omisiones en la seguridad, en un país donde la Policía te secuestra, el que la Policía pueda espiarte facilita la inseguridad, no la resuelve. Tenemos que tener las discusiones con base en la evidencia y no con base en emociones que es como la autoridad lo ha manejado que es una decisión muy sencilla entre seguridad y privacidad. No es así: es entre inseguridad y abusos de vigilancia; y seguridad, un control de las facultades del Estado, una fiscalización eficaz y un gasto público responsable , dijo García, de R3D.

Entonces, ¿por qué aumenta el espionaje de las comunicaciones pero no se reducen los niveles de inseguridad, sobre todo en una entidad que tiene a un ex gobernador, Javier Duarte, prófugo de la justicia? Una pista se puede encontrar en las declaraciones que el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a través de Twitter el 28 de noviembre pasado, durante la presentación del informe de R3D: La línea que distingue delincuencia de autoridad en muchas ocasiones es inexistente, por eso la vigilancia sin control es más peligrosa .