Un posible impuesto sobre las remesas que envíen sin distinción de origen o destino los trabajadores desde Estados Unidos (EU) tendría que ser muy alto, cercano a 6%, para recaudar los ingresos suficientes para pagar un muro como el propuesto por Donald Trump, presidente de EU, estima el think tank Cato Institute.

Incluso si se aprueba un gravamen nacional a las remesas cercano a 6% por operación, tendrían que pasar entre tres y cuatro años para acumular los recursos suficientes para pagar un muro entre EU y México.

En un análisis desarrollado por el investigador Alex Nowrasteh, menciona que estos cálculos suponen que el flujo de remesas desde EU se mantendría constante a pesar del gravamen. Lo que es muy poco probable, pues se prevé que de aplicarse un impuesto, los trabajadores encontrarán otras vías no formales para hacer llegar los recursos a sus familias fuera del país.

Los canales informales son dinero en efectivo, usando familiares o amigos que pasen al país donde se encuentran las familias del trabajador; el llamado envío hormiga que puede devenir un mercado negro en los cruces fronterizos o transferencias electrónicas a través de migrantes legales.

En el análisis titulado A tax on remittances won’t pay for a border wall , el investigador de El Cato toma como punto de origen para sus proyecciones, los ingresos tributarios que recauda actualmente Oklahoma, el único estado de EU que tiene un impuesto de este tipo para envíos de dinero.

Oklahoma grava con 1% los envíos de remesas hacia cualquier punto fuera del estado. El año pasado registró un ingreso por este impuesto, de 12 millones 696,879 dólares.

Es decir, el año pasado cada inmigrante que envió remesas fuera de la localidad pagó al fisco estatal 133 dólares anuales.

En consecuencia, el experto prevé que se tendría que quintuplicar la tasa impositiva de aquella entidad para registrar una recaudación necesaria para el muro. El estado de Oklahoma documenta la retención citada como Impuesto Sobre la Renta local.

En consecuencia cualquier residente legal que realiza su declaración de impuestos, de Oklahoma recibe el dinero de vuelta una vez completada la obligación tributaria .

Tendría que ser muy específico

De acuerdo con el análisis, el Congreso de Estados Unidos tendría que ser muy específico en la redacción de la nueva obligación tributaria, pues al imponer un gravamen a todas las transferencias de dinero fuera del país, penalizaría también a estadounidenses legales.

Detalla el caso de ciudadanos estadounidenses que transfieren dinero al extranjero, incluidos los que pagan universidades en el exterior o corporativos que pagan a trabajadores radicados en otras latitudes.

Avanza propuesta en EU

El martes, Mike Rogers, presidente del Subcomité de Seguridad de la Cámara de Transportes de la Cámara de representantes, anunció que presentará una iniciativa de ley para gravar las remesas con un impuesto de 2 por ciento.

El republicano anticipó que este gravamen propuesto será parte de una iniciativa de Ley de Financiamiento Fronterizo 2017.

Quienes retendrán el impuesto serán remesadoras como Western Union y Moneygram y previó una recaudación cercana a 1,000 millones de dólares anuales.

En respuesta inmediata el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), afirmó que gravamen con gravamen se paga , y anunció que presentará una iniciativa para gravar con 2% las ganancias anuales que obtienen las empresas de Estados Unidos en México, las cuales oscilan en 20,000 millones de dólares.

El legislador precisó que sólo presentará la iniciativa en caso de que avance la de Rogers y que su iniciativa buscará gravar las ganancias netas que obtienen las empresas estadounidenses, independientemente de los impuestos que pagan al Servicio de Administración Tributaria. Afirmó que ningún tratado internacional, incluido el TLCAN, impediría que se aplicara esa medida arancelaria a las empresas.

Sobre la propuesta de Giorgana Jiménez, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños (PAN), afirmó que no sería conveniente para ningún país que se graven las remesas.