La fiscal Carmen Launa sumó el delito de falsedad contable al de estafa a inversionistas por la salida a Bolsa de Bankia en el 2011 y eleva de cinco a ocho años y medio la petición de prisión para Rodrigo Rato.

El expresidente de Bankia siguió in situ en el banquillo de los acusados del juicio del caso Bankia las conclusiones definitivas de la Fiscalía.

Rato ingresó en la prisión de Soto del Real en octubre del 2018 para cumplir una condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black. El expresidente de Bankia afronta además un juicio por el presunto cobro de comisiones publicitarias.

La Fiscalía también aumentó de cuatro a 14 (incluido Rato) el número de acusados por el caso Bankia, entre los que se encuentra Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, y el exministro Ángel Acebes, que presidió la Comisión de Auditoría del banco, para los que pide dos años y un año y seis meses de prisión, respectivamente. El ministerio fiscal incluye ahora también entre los acusados al interventor de Bankia, Sergio Durá, para quien solicita entre uno y dos años de cárcel.

La fiscal acusa de falsedad contable en Bankia en las cuentas del 2010, las de marzo del 2011 y que acompañaron a la salida a Bolsa, y las de finales del 2011. En estas últimas cuentas, el equipo de Rato declaró unos beneficios de 300 millones, sin contar con el informe de auditoría de Deloitte. Tras la salida de Rato, José Ignacio Goirigolzarri reformuló dichas cuentas y afloró pérdidas de 3,000 millones.

De las 34 personas que se sientan en el banquillo por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, la fiscal sólo acusa a Rato y a otros tres exdirectivos (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por el delito de estafa a inversionistas. Pero ahora pide la absolución del exconsejero delegado Verdú por estafa a inversionistas y reduce la pena de dos años y siete meses a entre nueve meses y un año y medio por falsedad contable. Para el exvicepresidente Olivas endurece la petición de pena de cuatro a cinco años.

Además, la Fiscalía pide a Rato, Olivas, Norniella, Sánchez Barcoj y Celma que indemnicen a los inversores minoristas personados en la causa y que no se acogieron a la solución de Bankia para devolver el dinero de la OPS. Bankia calcula que esta cantidad es inferior a 2 millones. Bankia, su matriz BFA y Deloitte son los responsables civiles de esta cuantía.

La Fiscalía descartó ampliar su acusación a Deloitte, a BFA y a la propia entidad, al reconocer el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial.