Una de las condiciones que la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) impuso al rescate de la banca española fue que el Banco de España mejorara sus mecanismos de supervisión con el objetivo de evitar los errores cometidos durante la presente crisis.

La institución hizo los deberes y remitió un informe, apuntando algunas de las deficiencias detectadas y explicando las reformas que acometerá.

Aunque el documento estaba listo hace meses, se hizo público esta semana, el plan del gobernador Luis María Linde pasa por empotrar de forma permanente a decenas de inspectores en las 16 mayores entidades del país, para lo que reclama más recursos.

Este tipo de seguimiento in situ se implantó hace más de 10 años en los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, que cuentan actualmente con 45 y 35 inspectores empotrados, respectivamente. La idea es que estos supervisores no sólo sigan la marcha de las entidades, sino que tengan la capacidad de influir sobre las mismas de forma temprana en caso de detectar problemas.

El Banco de España comenzó a extender esta práctica hace tres años, una vez ya arrancada la crisis, en otras entidades relevantes, entre las que cita Caixa, Banco Popular o Banco Sabadell.

Fuentes del supervisor indican que el objetivo de Linde es someter a las 16 mayores entidades del país a dicho procedimiento este mismo año, lo que puso de manifiesto la necesidad de mayores recursos humanos para su aplicación efectiva.

La propuesta del documento pasa por elaborar un plan específico para cada entidad que dedique 60% de los recursos a la inspección tradicional y 40% restante al análisis de riesgos.

Para las entidades menores, la supervisión sería externa, con visitas de las inspección cada tres años, plazo máximo en el que deberán ser supervisadas todas las carteras de crédito significativas.

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