Las autoridades europeas resolvieron Popular la madrugada del 6 al 7 de junio del 2017 con un procedimiento que nunca antes se había testado y que provocó un vendaval judicial que sigue muy abierto. Como consecuencia de la intervención, 300,000 accionistas y bonistas perdieron todo su dinero. Las autoridades amortizaron el capital de Popular y capitalizaron deuda por importe de 2,031 millones.

Santander pagó un euro por él y fue capaz de inyectar 13,000 millones de liquidez en apenas unas horas. Eso hizo posible que Popular abriera sus puertas al día siguiente y que sus clientes pudieran operar con normalidad.

El protocolo europeo no prevé ningún mecanismo que asegure el suministro de liquidez en bancos recién resueltos, una laguna que Bruselas está intentando subsanar.

Popular murió por una galopante huida de depósitos derivada de la incertidumbre sobre la capacidad de la entidad de cumplir con los requisitos de capital regulatorio, pero tenía fondos propios positivos el día de la resolución. Eso significa que fue solvente hasta el final.

Entre marzo y el 6 de junio del 2017, el entonces sexto banco español sufrió una salida de dinero de clientes minoristas, comunidades autónomas, ayuntamientos y grandes empresas por valor de 14,520 millones de euros.