Padrón celular: castigo al cumplido, premio al criminal

El registro obligatorio de líneas móviles arrancó el viernes pasado con amenaza: quien para el 30 de junio no asocie su número de celular a una identidad verificada se quedará sin servicio a partir del 1 de julio. Es una decisión política del gobierno: convertir el celular — el aparato con el que se paga, se trabaja, se estudia y se vive — en un mecanismo de control formal.

La promesa oficial es: “con identidad, baja la extorsión”. El problema es obvio: la delincuencia no tiene por qué obedecer, pero los usuarios sí. Esa asimetría marca todo el diseño. El padrón funciona como condicionamiento masivo (cumples o te desconectan), no como un instrumento preciso contra los criminales. Al cumplido se le exige trámite y exposición; al criminal se le deja el incentivo de siempre: adaptarse.

El sistema se sostiene en tres cosas: identidad civil (CURP y su extensión biométrica en la narrativa pública), línea telefónica (el número como parte de la identidad) y rastro técnico (la red puede seguir al equipo y a la conexión aunque se cambie la tarjeta SIM). El efecto es inevitable: el padrón crea una infraestructura de metadatos que le permite al gobierno saber quién habla con quién, cuánto tiempo, desde dónde, con qué frecuencia, en qué momentos, con qué dispositivo y a través de qué celdas.

En la práctica, el gobierno no registra a cada persona: obliga a Telcel, AT&T, Movistar y otras operadoras a identificar a sus clientes, mientras las autoridades diseñan el procedimiento y convierten la identificación en condición para conservar la línea. Lo grave no es el trámite, sino que pedir datos se vuelve rutina cuando la infraestructura ya existe.

El argumento estrella es frenar las extorsiones ligadas a líneas anónimas, sobre todo las que hay en las cárceles. Pero ahí está la contradicción: ¿por qué resulta más eficiente registrar a decenas de millones de usuarios que controlar un perímetro físico? La respuesta combina corrupción penitenciaria, fallas operativas y una realidad incómoda: es más fácil molestar al ciudadano que limpiar un sistema carcelario podrido. Inhibidores mal colocados afectan a las colonias vecinas si bloquean fuerte y resultan inútiles si bloquean poco; en ambos casos, la cárcel sigue siendo un call center criminal.

Las malas experiencias internacionales refuerzan la duda. En Europa, el registro de prepago opera bajo marcos de protección de datos más estrictos y aun así es un filtro incompleto. En Asia, los controles intrusivos sirven para vigilar y controlar, no para reducir el delito. Y en varios países, cuando llegaron las desconexiones masivas, también llegó lo previsible: identidades robadas o prestadas, coacción a personas vulnerables y migración a canales alternos.

Ahí está el agujero por donde seguirá la extorsión: VoIP y mensajería cifrada. WhatsApp, Telegram, Signal o llamadas por apps operan sobre datos y WiFi, con números virtuales, cuentas desechables, chips de terceros, roaming o eSIM. El padrón no elimina esa ruta; solo complica la vida del ciudadano y empuja al delincuente a rutas más sofisticadas. Sin auditoría independiente, sanciones reales por abuso y transparencia en las solicitudes, el padrón no reduce el crimen sino la libertad.

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