Limite a "pensiones doradas" avanza en comisiones de la Cámara de Diputados

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado para limitar las llamadas “pensiones doradas”.

Con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, los integrantes de esta comisión avalaron reformas al artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados como CFE, Pemex y Nafin.

Durante el análisis de este dictamen, las y los diputados del PAN y PRI decidieron levantarse de la mesa y retirarse de la discusión ante su desacuerdo por una posible retroactividad a la ley.

Se prevé que este proyecto, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sea votado por el Pleno de San Lázaro este miércoles 25 de marzo.

La reforma plantea que “ninguna persona servidora pública” deberá tener una jubilación o pensión mayor a la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, lo cual se traduce en un aproximado de 67,000 pesos.

Cabe destacar que quedan excluidas de esta reforma las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios.

Asimismo, en los artículos transitorio se señala que a partir de la entrada en vigor del presente decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en esta reforma, incluyendo las que se encuentren vigentes, lo que se puede traducir como una retroactividad.

Mientras que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos.

Durante la discusión de este dictamen, la Comisión avaló escuchar a representantes de jubilados de entes como Pemex, CFE y Nafin, quienes defendieron sus pensiones y criticaron las acciones de retroactividad de esta reforma, ello al señalar que la gran mayoría de los beneficiarios fueron personal de confianza, con años de experiencia, por lo que viola sus derechos el limitar sus ingresos.

En representación de las y los jubiladas de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rosa Galaz Dávila consideró que aplicar esta reforma exclusivamente a las y los jubilados de confianza de entidades públicas rompe el principio de igualdad y vulnera los derechos de la persona adulta mayor, quienes dedicaron su vida al sector energético; por ello, apeló a la sensibilidad del Poder Legislativo.

Mientras que Rosa María Rodríguez Luna, representante de las y los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), pidió que se analice esta reforma, toda vez que en este sector hay personas de la tercera edad que tienen muchas necesidades. “Consideren la retroactividad en las personas que hemos cumplido con las condiciones contractuales”.

A nombre de las y los jubilados de Nacional Financiera, Lázaro Jiménez García solicitó a las diputadas y los diputados reflexionar que no todos tienen pensiones onerosas y que estas acciones pueden afectar a mil 450 familias en el caso de esa institución, por lo que pidió la retroactividad.

En su turno, el también representante de las y los trabajadores de Pemex, Adán Oviedo Pérez, enfatizó que no debe haber retroactividad, ya que es una medida confiscatoria del patrimonio y afecta la trayectoria y condición de vida. Indicó que si se suman los cinco mil millones de pesos al año que pretenden ahorrar con el monto y otros asuntos como la cancelación del aeropuerto o el huachicol fiscal, representaría el pago de 400 años de las pensiones.

De la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Pemex, Silvia Ramos opinó que esta propuesta vulnera y afecta la seguridad jurídica; por ello, aclaró que las pensiones de los integrantes de esa agrupación no son producto de la corrupción o discrecionalidad sino resultado del trabajo calificado. Ante ello, solicitó incluir un artículo transitorio para garantizar sus derechos laborales.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) subrayó que la reforma entra en tensión directa con el principio de no retroactividad de la ley, progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, y es cuestionable que no se distinga entre casos irregulares y los plenamente justificados. La reforma es de cálculo político, no tiene uno administrativo, es una reforma recaudatoria, clasista, porque no permanecen los beneficios para todos, solo para algunos. “El cálculo de esta reforma debe haber sido más estudiado, mejor pensado”.