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Preocupa a expertos posible controversia jurídica por reforma contra "pensiones doradas"
El abogado José Mario de la Garza Marroquín explicó que muchas de las "pensiones exorbitantes" de los exmandos de confianza que ahora se pretenden topar en 70,000 pesos al mes “se construyeron con complementos y planes especiales” que en su momento existían para mandos de confianza, con lo cual quedaron protegidas como derechos adquiridos.
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Ante la reforma que enviará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo lunes al Senado para acabar con las pensiones doradas de exaltos mandos de confianza de dependencias como CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro, especialistas temen que se puedan generar controversias jurídicas que terminen revolviéndose en tribunales.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín explicó que muchas de las "pensiones exorbitantes" de los exmandos de confianza que ahora se pretenden topar en 70,000 pesos al mes “se construyeron con complementos y planes especiales” que en su momento existían para mandos de confianza, con lo cual quedaron protegidas como derechos adquiridos.
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En ese sentido, dijo que si bien meter el tope de 70,000 pesos a la Constitución suena a algo definitivo, en realidad no por eso el pleito jurídico va a desaparecer.
“Si aplican el recorte a quienes ya cobran, habrá amparos y la Corte tendrá la última palabra. Si solo lo hacen hacia adelante, el impacto será menor”, explicó
Por ello, resaltó, hay que tener cuidado con el discurso de que habrá un ahorro inmediato de 5,000 millones de pesos, pues el cauce jurídico de esta reforma es más complejo de lo que parece.
“No es lo mismo una pensión de seguridad social (...) que un complemento creado por acuerdo interno o fideicomiso. Si es seguridad social, el derecho está mucho más blindado; si es complemento discrecional, el margen para ajustarlo es mayor. Ahí está la verdadera batalla jurídica”, indicó el abogado.
Aseguró que es por esta razón que el Estado probablemente no había hecho antes nada respecto a estas pensiones, pues sabe que “reducir una pensión ya otorgada puede violar la prohibición constitucional de retroactividad”.
Puede que no sean ilegales, pero sí inmorales
En tanto, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, explicó que si los exfuncionarios pensionados obtuvieron sus pensiones legalmente y logran demostrarlo, podrían argumentar ante tribunales que se les estaría violando un derecho ya adquirido.
En ese caso, tocará a los tribunales resolver si el tope a las pensiones que pretende imponerse a la reforma de la mitad del sueldo de la Presidenta de la República (70,000 pesos al mes) puede aplicarse de forma retroactiva.
“Hay una consideración jurídica con esta reforma que tendrá que ser resuelta en tribunales y me parece que no será una cosa menor”, declaró Ramírez.
No obstante, el expresidente de la Consar opinó que más allá de que las pensiones doradas que se pretenden topar hayan sido obtenidas legalmente o no, no dejan de ser inmorales y abusivas si se compara con lo que recibe un mexicano promedio.
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¿Qué pasa con las pensiones doradas en los sindicatos?
Por su parte, el profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey coincidió en que habrá mayor claridad respecto a las posibles controversias jurídicas que se podrían generar a raíz de esta reforma una vez que la iniciativa de la presidenta sea aprobada para aplicarse de manera retroactiva o no.
Además, el catedrático cuestionó que solo se toparán las pensiones de expersonal de confianza, pero no de los trabajadores sindicalizados, ya que, aseguró, también hay pensiones sumamente altas que se pagan con recursos públicos a miembros de distintos sindicatos.
¿Qué reforma anunció Sheinbaum?
La presidenta Sheinbaum anunció que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% del salario su salario, es decir, alrededor de 70,000 pesos al mes.
Esto ante las pensiones “exorbitantes” que reciben algunos extrabajadores de LyFC, Pemex, CFE, Nafin, Banobras y Bancomext que van de los 100,000 hasta el millón de pesos mensuales en un caso.
La reforma no tocará las pensiones de aquellos trabajadores sindicalizados con contrato colectivo de trabajo y, de acuerdo con estimaciones del propio gobierno, ahorraría alrededor de 5,000 millones de pesos, los cuales se destinarán a Programas del Bienestar.
