El cambio en la estrategia que demandan sectores políticos y sociales al gobierno federal podría convertirse en una realidad a partir de una ley, aprobada por el Congreso, en la que ordena a los gobiernos federal, estatal y municipal permitir a la ciudadanía participar en la elaboración del programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, y considerar a esta última como un flagelo a combatir mediante la educación y la rehabilitación.

El Senado aprobó el viernes pasado por unanimidad de 84 votos la creación de la ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en la cual se asienta que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan .

Se establece como derecho la participación ciudadana y comunitaria, organizada o no en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Ordena a los tres niveles de gobierno elaborar programas nacionales y sectoriales con énfasis en la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación, para crear programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano.

También la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; fomento de la solución pacífica de conflictos; estrategias de educación de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia hacia las identidades culturales.

La ley, turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, menciona que será el Consejo Nacional de Seguridad Pública la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Como ejemplo de políticas públicas se menciona el mejoramiento y la regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia; uso de nuevas tecnologías; vigilancia de los espacios públicos; medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.

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