En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se han impuesto 34,472 sanciones administrativas a funcionarios públicos federales por no presentar sus declaraciones patrimoniales.

En el 2014, se impuso el mayor número de sanciones administrativas, al llegar a 11,608, mientras que en los primeros siete meses del 2016 se han puesto 2,691 sanciones.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en lo que va de esta administración se ha presentado el mayor número de sanciones relacionadas con el incumplimiento de la declaración patrimonial.

En el sexenio pasado, el de Felipe Calderón, hubo 19,946 sanciones de este tipo; es decir, 14,526 menos que en los cuatro primeros años del gobierno peñista.

Mientras que entre el 2000 y el 2001, durante la administración de Vicente Fox, hubo 7,121 sanciones por este motivo. Del 2002 al 2005, no se presenta información al respecto.

Actualmente, el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone que el servidor público que faltare a la verdad, con lo que es obligatorio manifestar, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

El Cuarto Informe precisa que desde el 2002 se estableció que a partir de julio de cada año, previo procedimiento administrativo de responsabilidades, se sancionará a los servidores públicos que incumplan con la presentación de la declaración durante el mes de mayo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas ordena que se considere una falta no grave el no presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; sin embargo, incurrirá en una falta grave el que falsee información en sus declaraciones.

Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés , precisa la ley que entra en vigor el 19 de julio del 2017.

tania.rosas@eleconomista.mx