A casi cuatro años de las reformas de seguridad nacional, la regulación en la selección, ingreso, permanencia, profesionalización, evaluación y certificación de agentes del Ministerio Público, peritos y policías en los tres niveles de gobierno apenas llega a 9.2% y la Federación, estados y municipios tienen como plazo enero del 2012 para garantizar a 100% la eficiencia y confianza en los cuerpos policiacos del país.

En el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Congreso ordenó: De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este decreto (2008), las instituciones de seguridad pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública .

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), informó que desgraciadamente la certificación de policías apenas llega a 9.2% y otro problema, agregó, es el subejercicio que se han detectado en varios estados del país en materia de seguridad.

Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue en enero del 2008 y se dieron cuatro años para la profesionalización de la policía, que vencen en enero del 2012, el problema es que esta ley no dice qué le vamos a hacer a los que no cumplieron, como todas, le faltó los dientes, y los presupuestos que la Cámara de Diputados ha dejado son más de 80,000 millones, pero subejercicios casi de 50% , afirmó el Senador.

La ley también ordena crear bases de datos criminalísticos y de personal en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema.

Los estados y municipios también están bajo el escrutinio del Consejo Nacional de Seguridad Pública en materia de prevención de la violencia infantil y juvenil; promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar; prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y garantizar la atención integral a las víctimas.

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