En México se requiere “institucionalizar la política social”, a través de reglas que permitan evaluar los programas gubernamentales para evitar el uso político y electoral del erario, coinciden Edna Jaime y Valeria Moy.

“Siempre en la política social la gran tentación es utilizar el dinero público para fines políticos, para fortalecer una estructura partidaria, para generar clientelas, para favorecer el voto al partido del presidente y en el poder; eso siempre está presente, por eso hay que poner candados, límites.

“Por eso hay que institucionalizar la política social, darle medición, evaluación. Si no tenemos estas contenciones, la tentación es al uso político de los recursos públicos. Lo más importante son los mecanismos que hacen la contención. si no sabemos que se están generando los resultados deseados, se abren las puertas al uso discrecional de los recursos, a la inefectividad y corrupción”.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, centro de análisis enfocado en monitorear la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados, afirma que “toda la política de austeridad del presidente (Andrés Manuel López Obrador), todos los cambios presupuestales (correspondientes al ejercicio fiscal 2020) tienen el objetivo de liberar recursos para financiar sus proyectos, sus programas sociales”, por lo que urge establecer reglas de operación.

Le preocupa que en el primer año del gobierno lopezobradorista muchos de los programas operaron sin ese tipo de reglas, que son un estándar regulatorio que plantea cuál es el problema público que se quiere resolver y cuál la población que debe verse beneficiada; las razones sobre por qué estas intervenciones, estos programas, van a tener el impacto deseado. “Y esos programas, en el primer año, fueron lanzados sin mucho análisis, preparación y diseño”.

Por ello, considera positivo que la Cámara de Diputados haya aprobado, como parte del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año que, “por lo menos, 13 programas del presidente estén obligados a tener reglas de operación.

“Es un avance. Vamos a ver que esas reglas estén bien hechas y que nos permitan dar seguimiento a los resultados de la nueva manera del gobierno de atender problemas sociales”.

El rubro en el que hay “un cambio más radical”, indica Edna Jaime, es el de la política social por los apoyos contra la pobreza y la desigualdad.

En ello está de acuerdo también Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos?, colectivo plural de investigadores, académicos y expertos en economía y política pública: “Me parece fundamental que se ponga el tema social en el centro del debate, aunque no veo que estén haciendo absolutamente nada distinto a otras administraciones”.

La gente va a estar “bien contenta”, explica, mientras reciba dinero, pero eso no la sacará de la pobreza.

“La pregunta es: ¿eso va a cambiar la realidad de la gente? ¿Sus hijos ya no van a nacer en condición de pobreza? ¿Sus hijos ya no van a ser dependientes de esa política social? La respuesta es ‘no’. Van a seguirlo siendo.

“Eso lo hemos visto a lo largo de 25 años, donde la política social ha sido a través de programas, y la pobreza no ha cambiado”.

Jaime estima que en política social sí se están viendo “cambios muy importantes, que parten de un replanteamiento de la manera en la que se va a gastar” y por eso se ajustó el presupuesto, “para atender las prioridades sociales del presidente. Y no es menor esto, porque sí se ha tenido que desmantelar buena parte de lo que teníamos.

“Había cosas que no funcionaban, es muy claro. Por eso el país no cierra sus brechas de desigualdad. Lo que teníamos, claramente tenía deficiencias severas, pero dentro de esas deficiencias había cosas que habían probado ser efectivas en sus propósitos, y me refiero particularmente al programa Progresa, que antes tuvo otras denominaciones, pero que a lo largo del tiempo probó que cumplía razonablemente con sus objetivos, y este programa se desmanteló, siendo de los pocos que sí tenía un efecto redistributivo medido”.

Es correcto, establece, que el presidente haya decidido cortar transferencias a grupos políticos, entre otros de campesinos, que se habían beneficiado por años de los recursos y tenían capturada buena parte del gasto.

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