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Separan del cargo a agentes de FGR por no acatar sentencia
En otro tema, el pleno de la Corte refrendó ayer la improcedencia de promociones de impedimentos de ministros para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Por incurrir en el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió consignar a Víctor Manuel Munguía Baltazar y Celia Almaguer Hernández, agente del Ministerio Público y encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean juzgados y sancionados penalmente.
La sentencia estableció que si los funcionarios públicos todavía ostentaban sus cargos quedarían inmediatamente separados y serían consignados ante el juez de distrito para ser procesados y juzgados.
El artículo 267 de la Ley de Amparo establece que se impondrá pena de cinco a 10 años de prisión, multa de 100 a 1,000 días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente “incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir”.
Bajo la ponencia de Juan Luis González Alcántara se resolvió el incidente de inejecución de sentencia 7/2021 dictada el 31 de mayo de 2019 por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 118/2019-9 promovido por Érika Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián Betancourt Turriza.
El máximo tribunal constitucional del país determinó que Munguía Baltazar y Almaguer Hernández fueron omisos en cumplir la sentencia de amparo ordenada para, entre otros aspectos, desahogar diversas diligencias probatorias para acreditar la propiedad de 4,800 piezas de joyería final de procedencia extranjera aseguradas en 2016 porque no se acreditó su legal importación, estancia o tenencia, con valor de 235 millones 758, 631 pesos.
Tampoco informaron al juez de amparo sobre la entrega material de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
“Las autoridades no solo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento (de la sentencia de amparo correspondiente) , además en mí opinión incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados”, precisó González Alcántara.
Obedece fiscalía
Ayer por la tarde, la FGR informó mediante un comunicado que procedió a “separar de su cargo al agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel ‘M’, y de su superior jerárquico inmediato Celia ‘A’, por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un juez federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización)”.
La fiscalía detalló que el asunto data de una averiguación previa por contrabando, en 2014, iniciada en Cancún, Quintana Roo.
“Los bienes correspondientes fueron decretados por abandono a favor del Estado y entregados a las instancias federales competentes; y el incumplimiento consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el juez les ordenó. Y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, los plazos ya habían sido incumplidos”.
