El Gobierno mexicano fijó su posición sobre el informe de la organización no gubernamental Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), denominado “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.

En un comunicado conjunto de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y PGR se plantea que instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional, las ONG y organismos han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.

El gobierno mexicano puntualiza que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular al país.

Por ello, indica que “México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país (del norte)”.

En el comunicado se plantea que estudios “en ese sentido serían una enorme contribución” a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en la Unión Americana.

En la víspera, WOLA publicó un reporte mediante el cual señala que la PGR ha fracasado en investigar y perseguir presuntos casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, pese a las reformas legales para que éstos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar.

Las dependencias mexicanas aseveraron que “en cumplimiento de su compromiso con los derechos humanos, y en atención al derecho internacional de los derechos humanos y a lo expresado por distintos organismos y mecanismos internacionales”, se fortaleció el marco jurídico que rige a la jurisdicción militar.

Tal es el caso, abundaron, de la reforma en el 2014 del Código de Justicia Militar para armonizarlo  con estándares internacionales, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos del 2011.

respaldo a militares

Así, el gobierno da un espaldarazo al trabajo de los militares mexicanos, quienes —destaca el boletín—  desempeñan labores de asistencia humanitaria y apoyan a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen.

Se argumenta que “la PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones”.

“El gobierno de México reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio”. (Con información de Ana Langner)