Aun cuando no arrancaban las campañas en el Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ya había iniciado durante el primer trimestre de este año 42 averiguaciones previas por presuntos actos violatorios a la ley en materia comicial.

Mientras en enero y febrero del 2011 se abrieron sólo dos averiguaciones previas, en el mes de marzo el número de pesquisas se disparó a 40.

Los delitos que se denunciaron en enero y febrero fueron alteración de documentos electorales y del Registro Federal de Electores.

De acuerdo con el artículo 403, fracción X del Código Penal Federal, se impone de 10 a 100 días de multa (de 598 a 5,982 pesos) y prisión de seis meses a tres años a quien se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales.

En tanto, el artículo 411 del Código establece que se impondrá de 70 a 200 días de multa (de 4,187 a 11,964 pesos) y prisión de tres a siete años a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores.

En los informes mensuales de la Fepade, que incluyen las averiguaciones previas iniciadas en todos los estados del país, entre los cuales presentan denuncias de manera general ante la Fiscalía se encuentran el Instituto Federal Electoral, servidores públicos, funcionarios de partidos políticos y particulares.

LOS DELITOS

Para marzo, entre los presuntos delitos que se denunciaron ante la Fiscalía y relacionados con el Estado de México están: destinar fondos de manera ilegal que se tienen a disposición en virtud del cargo público que se ostenta y en apoyo a un partido político; la alteración del Registro Federal de Electores, así como la expedición ilícita de credenciales para votar.

El artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal indica que se impondrá de 200 a 400 días de multa (de 11,964 a 23,928 pesos) y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos en apoyo a un partido.

Además, ello no exime de las penas que puedan aplicarse por la comisión del delito de peculado, según el Código.

A su vez, el artículo 411 estipula que la expedición ilícita de credenciales para votar se castigará con 70 a 200 días de multa y cárcel de tres a siete años.

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