Que el Poder Judicial haya otorgado una suspensión contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es un triunfo contra las decisiones arbitrarias, aseguró Luisa Conesa.

En entrevista, la abogada constitucionalista del Despacho Sánchez Curiel y Conesa Labastida, quien representó a los 55 senadores de la República que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108,000 pesos mensuales que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que por primera vez se otorgó una suspensión a un recurso como éste y se ordenó al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones legislar a fin de fijar parámetros para establecer el salario presidencial.

Recordó que parte de los argumentos por los que los senadores presentaron ese recurso de inconstitucionalidad responde a que la ley aprobada el año pasado era omisa en establecer parámetros sobre cómo se fijarían los salarios, así lo que era una decisión que debería ser técnica se convirtió en política.

Además, señaló, esa legislación viola la división del poderes al entrometerse en las partidas presupuestales que los estados destinan para salarios, se vulnera el pacto federal al no respetar la autonomía de la que gozan ciertas instituciones e incluso se intenta someter a otros poderes al fijarles un tope máximo de salarios.

La Constitución reconoce autonomía a ciertos entes y lo que hace esta ley, dijo, es socavarla. Ya tienen una camisa de fuerza desde que se plantea el presupuesto.

Detalló que este recurso de acción de inconstitucionalidad interpuesto por los legisladores no responde a defender privilegios, sino a que la ley realmente esté por encima de todos.

“Lo que busca es defender el balance y la división de poderes, ateniendo a los criterios que establecen que todos los funcionarios deben tener una remuneración adecuada y proporcional a su responsabilidad (...) Lo que buscamos es que las decisiones se tomen con base en la ley y no con base en el capricho y, como bien dice el presidente, nadie por encima de la ley, eso incluye al presidente de la República”.

Destacó que todos los ciudadanos, no sólo los abogados o fifís, pueden recurrir al Poder Judicial para defender aquellos derechos que consideran son vulnerados por decisiones arbitrarias.

Es importante recordar que el amparo es un medio que sirve para todos los gobiernos, los recursos se pueden anteponer contra todos los gobiernos; no es un tema de ideologías, de izquierda o derecha, es una falta de dicotomía decir que solamente los conservadores están en contra de estas decisiones.

Estamos a favor del Estado de Derecho.

Las decisiones se deben tomar al margen de la ley no por caprichos

La especialista afirmó que en los recursos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos hay un uso de litigio estratégico, pues éste caso es usado para transformar la norma jurídica, pero ello rebasa al interés de unos cuantos.

“El litigio estratégico es el que busca generar un impacto en el orden jurídico (…) con la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos estamos defendiendo los derechos propios y de todos”.

Conesa sostuvo que el hecho de que un presidente López Obrador tome decisiones arbitrarias nos perjudica a todos.

En ese sentido, indicó que es un gran error justificar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda tomar decisiones de manera arbitraria.

Decir se vale porque el presidente de México es bueno, recordemos que la Constitución no está hecha para las personas buenas, está hecha para que todas las personas que son buenas o malas respeten las leyes.

Dijo que con las resoluciones que ha ido otorgando el Poder Judicial a diversos recursos interpuestos por inconformidades en temas como la eliminación de estancias infantiles, contra la suspensión de obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y otros, lo que se espera es que el presidente tome decisiones en el margen de la ley.

La consecuencia es que las decisiones se tomen con base en la ley, no con base en el capricho. Es muy positivo. Por eso hay que ser cuidadosos y defender la independencia judicial, la división de poderes. A la gente se le olvida que cuando no hay división de poderes hay un gobierno autoritario, la división de poderes es el antídoto a la monarquía, es un antídoto a la dictadura.

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