El informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, analiza los juicios contra ex integrantes del grupo criminal en cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016.

Según el informe "Control... Sobre todo el estado de Coahuila", Los Zetas mantuvieron un férreo control sobre Coahuila a través de estrategias de violencia e intimidación, donde destaca el control del Cereso de Piedras Negras para trasiego de droga y demás actos delictivos.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Texas precisó que las autoridades estatales no realizaron ningún tipo de investigación al cártel, donde desapariciones y crímenes, siguen en con impunidad y sin ningún seguimiento.

Los zetas crearon deudas falsas en colaboración con la Secretaria de Hacienda local para reducir la tasa de impuestos que algunos negocios debían de pagar, además de la colusión con PGR, Ejercito, Policía federal, CFE, entre otros, según la declaración de testigos.

A mediados del 2012, señaló un testigo en el juicio realizado en San Antonio, el cartel estableció retenes en cada calle de Piedras Negras, y revisaron a todas las personas que entraban o salían de la ciudad, todo en presencia de la policía local, también establecieron una red de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos sentenció que los Estados Unidos deben involucrarse en los esfuerzos de apoyar a las autoridades mexicanas a investigar abusos de los Derechos Humanos de este grupo criminal.

Los Zetas ya no mantienen un control total de Coahuila como se documentó en los juicios en Texas. Es uno de los más afectados por el combate de las autoridades. Casi todos sus fundadores murieron o están detenidos.

La organización solo tiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a empresarios en diez de los 32 estados del país.

erp