Porque la actual política penitenciaria es irracional y poco asequible social, estructural y económicamente, la Cámara de Diputados establecerá en el Código Federal de Procedimientos Penales la reclusión domiciliaria.

Dicho beneficio consistirá en el monitoreo a distancia, por parte de la autoridad competente, a través de un dispositivo electrónico brazalete que permitirá ubicar al prisionero de baja peligrosidad, siempre que el delito del que se le acuse no sea violento o grave y la pena no exceda cinco años de prisión.

La medida busca descongestionar los centros penitenciarios del país y resocializar a quien sea privado de su libertad para que pueda educarse, trabajar y convivir con su familia hasta que obtenga su libertad.

Según cifras de organizaciones civiles, en México hay 242,754 internos en los 420 centros penitenciarios del país, 25% más de la capacidad máxima, ya que la estructura de las cárceles está calculada para 195,000 presos. De la población carcelaria nacional, 50% se concentra sólo en 27 penales.

México se ubica como uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que su tasa promedio es de 205 reclusos por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio internacional es de 145.

Desde la perspectiva de José Francisco Coronato, la sobrepoblación en el sistema penitenciario mexicano obedece a que la vida social se ha criminalizado a tal grado que la premisa fundamental del derecho penal es la prisión, así sean faltas de tránsito, problemáticas familiares o afectaciones al patrimonio de las personas.

Y es que 96.4% de todas las sentencias condenatorias implica una pena de prisión. A la fecha, más de 40% de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva; es decir, que ya está en prisión cuando aún no se le dicta sentencia.

Un sistema penitenciario que cuesta más a la sociedad que el daño que pretende prevenir o reparar, alertó, carece completamente de sentido.

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