Siete de cada 10 modificaciones de declaraciones patrimoniales recibidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en mayo del 2017 fueron restringidas para su acceso al público, informó la organización civil Data Cívica.

La ONG presentó este lunes en conferencia de prensa una base de datos pública en la que están contenidos más de 2 millones de modificaciones de declaraciones patrimoniales de unos 340,000 funcionarios que las presentaron entre el 2013 y el 2017.

En un análisis de las declaraciones del 2017, Carolina Torreblanca, directora de análisis de datos y contenidos de la ONG, indicó que sólo 15% de las declaraciones patrimoniales recibidas en mayo pasado fueron públicas, mientras que 12% fueron públicas parcialmente.

Torreblanca destacó, a su vez, presuntas irregularidades encontradas en la información de las declaraciones contenidas en la plataforma Declaranet, como que en 100 declaraciones los funcionarios reportaron un sueldo anual de menos de 1,000 pesos, además de que en algunas se constató que estaban mal llenadas y en lugar de aparecer nombres completos de los funcionarios, aparecen letras al azar.

Ante estas irregularidades, la directiva de la ONG precisó que no se puede estar “100% seguros de que la información sea verídica”.

Asimismo, Torreblanca habló de la transparencia de las secretarías federales y sus funcionarios; indicó que para el año pasado 85.7% de los trabajadores vinculados a la Secretaría de Turismo negó hacer pública su información patrimonial, colocándose así como la dependencia con mayor negativa por parte de sus funcionarios para transparentar su información.

En este sentido, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, quien estuvo en la presentación del proyecto, afirmó que la obligación de presentar y hacer pública una declaración patrimonial es del funcionario y no de la dependencia.

“El régimen de responsabilidades es para la persona, porque es su obligación, no es la obligación de la dependencia (...) Lo que estamos entendiendo a partir del análisis que se hizo es cómo se comportan primero los individuos”, dijo.

Cabe destacar que, de acuerdo con la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, era una prerrogativa del funcionario que se hiciera pública su información patrimonial.

Esta situación se modificó con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades el año pasado, la cual estipula que la transparencia en las declaraciones de los funcionarios será obligatoria salvo casos excepcionales.

No obstante, la nueva estipulación no entrará en vigor hasta que se aprueben los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales, cuya tarea se encuentra en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

SFP MODIFICARÁ BASE DE DATOS

En tanto, la SFP comunicó que la información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos estará disponible en formato de datos abiertos desde el 2002 hasta mayo de este año, a partir del próximo 30 de junio.

Además de indicar que la SFP, como integrante del SNA, se encuentra en un proceso de “transformación” y “fortalecimiento” con la entrada en vigor del SNA y de la Plataforma Digital “que requiere la actualización de procesos”.

Qué hace esta ONG

La organización civil Data Cívica se dedica a generar proyectos que permiten a la ciudadanía acceder a bases de datos gubernamentales.

Su origen como ONG data del 2015. También se dedica a capacitar a periodistas y otras organizaciones civiles en el uso de bases de datos.

Asimismo, trabaja con gobiernos de todos los niveles al presentar soluciones tecnológicas y proyectos de políticas públicas para que tengan bases de datos abiertas y con ello un mayor acercamiento con los ciudadanos.

Entre los principales proyectos de la Organización No Gubernamental, se encuentra una base de datos con nombres de desaparecidos en México.