La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como los Centros de Integración Juvenil, rechazaron que los proyectos de ley para legalizar la mariguana que se someterán a consideración de la Asamblea Legislativa sean una alternativa positiva para la salud y aseguraron que estas medidas violan los tratados internacionales.

El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, declaró que el aumento de gramaje propuesto por la Asamblea Legislativa, de 5 a 30 gramos, es un serio y grave problema de salud para quien la consuma .

Durante la presentación del Informe 2013 de la JIFE, Alejandro Mohar, miembro de esta Junta, dijo por su parte que este brazo de la Organización de las Naciones Unidas está en franca oposición de las iniciativas que plantean la legalización de la mariguana.

De aprobarse dichas propuestas en el país, la ciudad de México estaría incumpliendo tratados internacionales, observó Alejandro Mohar, quien expresó que al igual que cuando se legalizó este narcótico en Colorado y Washington, Estados Unidos, y en Uruguay, la postura de la JIFE es de franca oposición.

En tanto, Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil, llamó a todas las organizaciones civiles para hacer un frente común para evitar el aumento del consumo de mariguana. Al participar en la presentación declaró que este tipo de iniciativas de ninguna manera reducirá daños.

Respecto de la legalización de las drogas, la JIFE anotó en el informe que esta medida no garantizaría el cese de su venta en los mercados clandestinos. De hecho, argumentó, los datos obtenidos recientemente en el estado de Colorado, en Estados Unidos, han puesto de manifiesto que desde que se inició un programa de cannabis con fines médicos ampliamente publicitado, han aumentado los accidentes automovilísticos en que intervienen conductores que dan resultados positivos en las pruebas de detección de esta droga y los positivos por consumo en pruebas de detección de narcóticos.

ana.langner@eleconomista.mx