Iris Mendoza, senadora del PRD, propuso una reforma constitucional en materia de justicia penal para eliminar la figura del arraigo; acotar el valor probatorio de los testigos protegidos, instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos.

Luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo, se pronunciara por desaparecer el arraigo, en el Senado se han presentado dos iniciativas para eliminar esta figura: una de la senadora Angélica de la Peña a nombre del PRD y, ayer, la de Mendoza.

La iniciativa argumenta que el arraigo es opositor a los estándares internacionales y se le considera como una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos como actos de tortura y otros tratos crueles.

También se pretende reforzar el principio de presunción de inocencia al establecer que sólo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el delito

Propone una indemnización por parte del Estado a quien resulte afectado por error judicial o funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Expone que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensión del domicilio de un funcionario público , ya que en esos lugares se realiza el desempeño de sus funciones.

Indica que el uso de testigos colaboradores como elementos probatorios debe acotarse, debido a que no existen garantías para evitar la inducción.

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