Casi la mitad de acciones y programas sociales registrados para una plataforma de información pública no cuenta con mecanismos para la prevención de delitos electorales, de acuerdo con resultados de un diagnóstico recogido en la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y Transparencia Mexicana.

En el diagnóstico se da cuenta de la ausencia de determinados atributos que podrían proteger la integridad de los programas sociales tales como la selección socioeconómica de los beneficiarios, la fiscalización de recursos y la prevención de delitos electorales.

La iniciativa es un esfuerzo emprendido desde el 2009 mediante la cual se invita a los titulares de las dependencias del gobierno federal, a los gobernadores y los responsables de la política social del país a elaborar un autodiagnóstico sobre el nivel de institucionalidad de los programas y acciones para el desarrollo social.

Los resultados de IPRO son calculados a través de un autodiagnóstico de los servidores públicos responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno, sobre 42 intervenciones para el desarrollo social implementadas por 13 dependencias federales; 469 por 24 entidades federativas y 12 por tres delegaciones capitalinas y un municipio, que operan durante el 2018.

Con corte a abril de este año, se detectó que 45, 56 y 75% de las herramientas contra la pobreza federales, estatales y municipales, registradas en la plataforma ya mencionada, respectivamente, no eligen a sus beneficiarios con base en criterios socioeconómicos que fomenten la progresividad en la aplicación de los recursos; esto es, que lleguen a quienes más lo necesitan y que reduzcan la arbitrariedad en la selección de los destinatarios de los apoyos.

De esos porcentajes, sólo una de cada cinco acciones antipobreza reconocieron que cuentan con una convocatoria abierta y calendarizada para integrar a los beneficiarios.

Lo anterior, de acuerdo con lo reportado en la IPRO, significa que, en caso de que estas acciones y programas sociales sin padrones integren a nuevos beneficiarios durante el periodo electoral y además no haya convocatorias calendarizadas e informadas previamente al Instituto Nacional Electoral, “se pudiera considerar que tienen una finalidad” político-electoral.

Por otro lado, se observó que 85% de los programas para el desarrollo social en el ámbito federal reportan haber sido auditados. Sin embargo, tres de cada cuatro del orden estatal informaron no haber sido inspeccionados; lo que impide la detección de irregularidades en la ejecución presupuestal o de inconsistencias en los padrones.

Asimismo, casi 80% de las intervenciones federales reportadas para la Iniciativa cuenta con contraloría social, mediante la cual la ciudadanía implementa actividades de monitoreo y auditoría. Sin embargo, más de la mitad de los programas y acciones estatales reportan no contar con ella.

El análisis de datos proporcionados para este programa revela que 38% de los programas federales y 50% de los estatales reportaron no disponer de instrumentos para la prevención de delitos electorales, tales como el condicionamiento de los apoyos, y la compra y coacción del voto.

El INAI destaca acciones en el rubro

Impulsan transparencia de padrones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó el trabajo de 15 años para lograr la transparencia en el manejo de padrones de beneficiarios de programas sociales.

En el marco del foro “Transparencia y acceso a la información”, el presidente del INAI, Francisco Acuña, recordó que en el pasado estos programas sociales fueron motivo de acusaciones de clientelismo y de “manejo” que estaban en contra de la política y de la realidad mexicana.

Por su parte, la comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn, también destacó los avances en el marco legal que han permitido que todos los recursos públicos sean transparentados.

Agregó que actualmente hay un padrón de 27 millones de personas físicas y morales que reciben recursos públicos y realizan actos de autoridad o son beneficiarios de los diversos programas sociales en el país. (Notimex)

[email protected]