Posibles Ministros acumulan 96 quejas

Los seis magistrados propuestos por el presidente Felipe Calderón a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hoy comparecen ante el Senado, han recibido 93 quejas en su contra durante su carrera judicial. Una de ellas fue en contra de Manuel Baráibar Constantino, a quien se le involucró en un caso de tráfico de influencias que abarcaba a personajes desde el obispo Onésimo Cepeda, hasta el presidente del Tribunal federal electoral, Alejandro Luna Ramos, e incluso familiares de él.

Sin embargo, en un reporte a la Comisión de Justicia del Senado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que ninguna de esas 93 quejas, incluida la de Baráibar, tuvo sustento jurídico.

Este lunes comparecerán ante la Comisión de Justicia del Senado: Alberto Gelacio Pérez Dayán, Andrea Zambrana Castañeda, Emma Meza Fonseca, Manuel Baráibar Constantino, Pablo Vicente Monroy Gómez y Rosa María Temblador Vidrio, propuestos por Calderón para competir por las dos vacantes de Ministro de la Corte.

En un informe que envió el CJF a la Comisión de Justicia, se destaca que en total, los seis propuestos han recibido a lo largo de su carrerea judicial 93 quejas en su contra; todas declaradas improcedentes e infundadas.

De los seis, Rosa María Temblador es quien acumuló más quejas, con 26; Manuel Baráibar, 22; Pablo Vicente Monroy, 14; Andrea Zambrana sólo una; Alberto Gelacio Pérez, 18, y Emma Meza Fonseca, 12.

Uno de los documentos que envió el Consejo de la Judicatura Federal es una denuncia, resuelta apenas en abril pasado, en la cual Raúl Fernández Arche Cano, apoderado legal de la empresa Arthinia Internacional, denunció una situación de tráfico de influencias que involucró a personajes destacados del ámbito judicial.

Acusó que el abogado Alejandro Luna Fandiño, hijo del presidente del Tribunal electoral, Alejandro Luna Ramos, realizó una tarea de convencimiento con el ministro de la Corte, Sergio Valls, para influir en una sentencia de Manuel Baráibar Constantino y José Pablo Pérez Villalba, entonces magistrados del VIII Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que resultó afectada dicha empresa. Raúl Fernández Arche acusó incluso que en tal situación estuvo involucrado el obispo Onésimo Cepeda Silva.

Con el número de averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/MXI/192/2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales determinó que no existieron elementos probatorios de violaciones a la Administración de Justicia, previsto en el artículo 225 del Código Penal Federal.

jmonroy@eleconomista.com.mx