El gobierno de Enrique Peña Nieto propondrá que a través de un sistema nacional de búsqueda, la PGR y las procuradurías de los 32 estados del país se coordinen y actúen de manera inmediata en las primeras horas de que se registre la desaparición de una persona.

Como parte de la iniciativa de ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de desaparición de personas que se enviará al Congreso junto con una ley contra la tortura , la administración peñista argumenta que se busca tener una respuesta ágil en las horas siguientes, y las más críticas, a partir de la desaparición de un individuo y así brindar auxilio.

El proyecto plantea crear un consejo nacional ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, que asesore y emita opiniones al sistema nacional de búsqueda.

La iniciativa también permitiría la integración de un registro nacional de personas desaparecidas y no localizables, así como de un registro nacional forense. El primero fungiría como mecanismo de intercambio de información entre hospitales, forenses, centros de detención y panteones.

Sobre el registro nacional de personas desaparecidas y no localizables, el presidente Peña Nieto explicó que a partir de esta base de datos, los familiares podrán dar seguimiento a una denuncia de desaparición.

Es un registro con información actualizada proporcionada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses , federales y locales, explicó el Ejecutivo.

Otro eje del proyecto gubernamental sobre desaparición será la instauración de protocolos claros de investigación que respondan a estándares internacionales, así como la instauración de un tipo penal único en 32 entidades, con sanciones igualitarias.

El proyecto contra la desaparición forzada incluye penas que van desde 50 hasta 100 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación en el desempeño de cargos públicos de funcionarios que participen en ello.

Establece también un procedimiento de búsqueda que se adecua a los más altos estándares internacionales, el cual permitirá que cualquier persona levante un reporte, sin importar hora o día, a través de una llamada telefónica al número único que para tal efecto .

Contra la tortura

En este paquete también será enviada una iniciativa de ley general contra la tortura, con cuatro objetivos: definir la distribución de competencias y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal); establecer los tipos penales en materia de tortura y sus sanciones; delinear los mecanismos de prevención, y garantizar los derechos de las víctimas de delitos previstos en la ley.

Peña detalló que se crearán además unidades especializadas de investigación, tanto a nivel federal como estatal; así como un mecanismo nacional de prevención, conformado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los ombudsman estatales, y en el que participarán representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos.

Finalmente, se propondrá crear un registro nacional de los delitos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, integrado por las bases de datos de la PGR y de las procuradurías de Justicia de los estados.

Cabe destacar que las dos iniciativas enviadas al Congreso derivan de la aprobación en abril pasado de una reforma al Artículo 73 de la Constitución, que permite a los legisladores procesar iniciativas sobre desaparición forzada de personas y tortura.

Ayer en el Senado de la República se confirmó la recepción de ambas iniciativas, por parte del presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth.