El presidente Enrique Peña Nieto y el PRI tienen la responsabilidad de acelerar la aprobación, en las legislaturas locales donde los priístas son mayoría, de la reforma constitucional en materia político-electoral que concretó el Congreso de la Unión, estableció Miguel Alonso Raya.

Entrevistado por El Economista, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados dijo coincidir con Lorenzo Córdova, nuevo Presidente provisional del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que la elección federal del 2015 está en riesgo porque se está pasando el tiempo y no se ha reglamentado la última reforma electoral.

El gobierno y el PRI son los que están poniendo en riesgo la elección del 2015 .

Lo procedente, dijo, es exigir a Peña Nieto y al PRI que cumplan con su palabra respecto de la reforma político-electoral.

Pero el PRI no quiere la reforma política, ésa es la verdad (…) De por sí, se pudo aprobar la creación del Instituto Nacional Electoral, pero no con la fuerza suficiente que se requiere y en los términos en que fue acordado el tema en el Pacto por México, porque los priístas se resistieron .

Si al menos 16 legislaturas locales no ratifican la reforma constitucional en materia político-electoral, advirtió el guanajuatense, sí estará en riesgo la viabilidad de la próxima elección federal para renovar la Cámara de Diputados.

¿Quién manda en los congresos locales? ¿Quién sacó, en 72 horas, la reforma energética? Si sacaron en 72 horas la reforma energética pueden sacar la reforma político-electoral en ese mismo tiempo récord .

A decir de Alonso Raya, el PRI no tiene interés en que se apruebe pronto la referida reforma y por eso caminan a fuerza y no empujan su ratificación.

Se tiene que acelerar la ratificación en los congresos locales porque, a más tardar en junio, debe estar aprobado en el Congreso de la Unión todo el paquete electoral .

Finalmente, comentó que sí hay tiempo para sacar dicho paquete en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano, a realizarse del 1 de febrero al 30 de abril, siempre y cuando exista voluntad política e interés por parte del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional.

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