Michoacán fue por muchos años un foco rojo, sin embargo, no fue prioridad para los gobiernos anteriores, lo que detonó la crisis de inseguridad que actualmente padece, coincidieron intelectuales.

Durante el Seminario sobre la Violencia en México, académicos del Colegio de México e investigadores invitados, manifestaron que el abandono de la situación de ese estado por parte de las autoridades generó las condiciones para que se fortalecieran los grupos criminales.

Sergio Aguayo, profesor e investigador del Colmex, expuso que el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó ante el surgimiento de los grupos de autodefensa, es decir, que en materia de seguridad fue reactivo y no preventivo.

David Shirk de la Universidad de California, San Diego, reconoció que el problema de la seguridad en México no sólo es por causas internas, sino que Estados Unidos tiene mucho que ver con la violencia que se genera en el país, debido al mercado de armas, el cual no cuenta con un registro nacional de manufacturas, es decir, no hay un control o seguimiento del lugar al que fueron a parar.

Otro cuestionamiento que recibió Rubido García fue que por décadas el gobierno federal siempre ha tratado de fortalecer a sus cuerpos policiacos y 30 años después vemos que no ha podido profesionalizarlos .

Marco Palacios, investigador del Colegio de México, opinó que cuando estalló la crisis de seguridad en Michoacán, el gobierno federal no sabía cómo reaccionar para tratar de contener por un lado a los criminales y por el otro, al movimiento civil armado que se estaba gestando. Sin embargo, cuando se firmó el acuerdo para su legalización, se entró en un proceso de negociación para abordar las acciones a seguir en materia de seguridad.

Sobre un posible efecto cucaracha, Palacios expuso que la estrategia se irá modificando sobre la marcha, a fin de que no se contaminen otros municipios que no han sido tan severamente azotados por la violencia.

Finalmente, destacó que México no se puede comparar con Colombia, ya que en ese país sí hubo muchos políticos que fueron investigados, y otros fueron a parar a prisión, mientras que en México no hay muchos en dicha situación.

veronica.macias@eleconomista.mx