La negativa de las justicias italiana y española de extraditar a México al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y a Isabel Mazarro, ciudadana española reclamada en el país por una supuesta vinculación con un secuestro, es signo de que en Europa observan un “efecto corruptor” en prevención, persecución del delito e impartición de justicia, opinó Samuel González Ruiz, quien fuera fiscal anticrimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR).

El actual asesor jurídico de la organización Alto al Secuestro dijo a El Economista además que el sistema de justicia penal adversarial u oral, que inició su desarrollo hace más de 10 años, no está funcionando como debiera y se abusa del supuesto “debido proceso”, en el que todas las partes tienen su responsabilidad, desde las policías, las procuradurías o fiscalías y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

González Ruiz dijo que las justicias italiana y española sostuvieron en su negativa de extradición que no existen las garantías carcelarias para la entrega de los requeridos por la justicia mexicana, al persistir la violación de derechos humanos.

En este tenor, el experto detalló que los sistemas penitenciarios, tanto federales como locales, enfrentan un grave problema de corrupción y autogobierno.
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