La impunidad es el cáncer más grande de México; promueve falta de transparencia y equidad, manifestó el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Max Kaiser Aranda.

Entrevistado por El Economista, Max Kaiser Aranda expuso que la próxima administración recibe sólidas herramientas para combatir la corrupción, por lo que enfrentará el reto de aterrizar la ley en la materia y homologar los sistemas a nivel estatal y municipal.

El subsecretario de la Función Pública puso como contexto que, durante el sexenio, la dependencia federal logró 50,000 sanciones administrativas a servidores públicos. De éstas, 9,000 son las más onerosas, es decir, destitución o inhabilitación. De esta cifra, 600 son a servidores públicos de alto nivel, lo que significa en cargos de directores de área en ascendente.

Max Kaiser Aranda explicó que hace tres años entraron en vigor estrategias para la adquisición de bienes del gobierno federal, que consisten en compras consolidadas, contratos marco y subastas de reversa; herramientas que -a decir del funcionario- eliminan el riesgo de negociaciones a oscuras. 

Estas medidas han logrado ahorrar 8,000 millones de pesos en adquisiciones públicas, capaces de ser invertidas en otros insumos que las mismas dependencias federales requieran, explicó Max Kaiser Aranda.

Sin embargo, aún queda el pendiente de homologar estas estrategias a nivel estatal y municipal. Ello -a decir del funcionario- ahorraría miles de pesos en el futuro.

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, enfrenta el desafío de aterrizar la ley anticorrupción, norma que establece sanciones a privados que incurran en sobornos o actos ilícitos con funcionarios públicos.

Las sanciones para las personas físicas van desde 5,000 hasta 50,000 salarios mínimos o hasta 50% más si se habla de contratos internacionales.

Respecto de las personas morales, los castigos oscilan entre los 5,000 hasta 2 millones de salarios mínimos o 35% del monto del contrato adquirido. Además, las inhabilitaciones llegan a ser de hasta 10 años, de acuerdo con la información del funcionario de la SPF.

Ante ello, el reto para Peña Nieto será generar una buena estructura de la Secretaría de la Función Pública para poder hacer vigentes los términos de la ley anticorrupción. Por ello, se requieren los recursos suficientes y establecer criterios para realizar buenas investigaciones, recomendó Kaiser Aranda.

Las cifras de la Función Pública en este sexenio

  • 50,000 sanciones administrativas a servidores públicos ha impuesto la dependencia.
  • 8,000 millones de pesos han ahorrado en adquisiciones públicas.
  • 5,000 hasta 50,000 salarios mínimos son las multas que la dependencia federal reporta que ha impuesto a personas físicas.

ana.langner@eleconomista.mx