Uno de los retos más poderosos para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) es un cambio en el pensamiento social de cómo se entiende la justicia y comprender que la cárcel no es la única vía de castigo, observa el integrante de Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Alfonso Pérez Daza.

A primera hora del sábado, en el Altar a la Patria, el Poder Judicial dio arranque oficial al Sistema de Justicia Penal, proceso que viene a sustituir el encarcelamiento como única opción de castigo a faltas legales.

El integrante del Consejo de Judicatura Federal (CJF) Alfonso Pérez Daza reconoce que aprisionar a presuntos culpables y sentenciados no ha sido un medio eficaz de sanción, ni de readaptación o reparación del daño.

Hace apenas dos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que en México hay un deficiente desarrollo de la industria penitenciaria, así como sobrepoblación y hacinamiento en las instalaciones, que no garantizan la seguridad de los reclusos ni condiciones de vida digna.

Las nuevas directrices que darán vida a este sistema están diseñadas para que haya un número mínimo de juicios orales y en consecuencia sean mínimas las sentencias donde los jueces encarcelen a los responsables. Está planteado para que las faltas se resuelvan a través de otras medidas cautelares.

A decir del consejero, este proceso demanda un cambio de ideología de cómo entender la justicia en el país.

Entrevistado por El Economista, Pérez Daza explica que el sistema penal (tradicional y nuevo) funciona a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas; siempre habrá dos partes en conflicto y, al final, un actor saldrá perdiendo. Tenemos que ser muy objetivos al momento de comunicar y sólo los jueces están en la posibilidad de decir quién tuvo la razón , dijo.

Con el sistema nuevo, la sociedad ganó el respeto a la presunción de inocencia. El consejero argumentó que la prisión preventiva no era la traducción de culpabilidad; sin embargo, múltiples son las historias de presuntos culpables que pasaron años encerrados para finalmente salir en libertad por no haber pruebas que los inculparan.

Pérez Daza explicó que para lograr un equilibrio, el legislador estableció en la Constitución aquellos delitos en los que habrá prisión oficiosa preventiva: secuestro, homicidio, violencia y delincuencia organizada; es decir, aquellos que tienen mayor impacto nacional.

Salvo estos casos, continuó, todos los demás imputados vivirán su juicio en libertad. Tenemos que partir de la premisa de que la acusación puede ser falsa, reiteró.

A diferencia del antiguo sistema, en el esquema oral, lo que certifique el Ministerio Público deberá demostrarlo en un juicio, es decir, dejó de tener valor probatorio.

En relación con los derechos, el consejero Pérez Daza afirmó que el Constituyente buscó un equilibrio para las víctimas e imputados.

Ahora todas las personas con daño tendrán un defensor al cual se le llama asesor jurídico y tiene la facultad de interponer un amparo en caso de que el inculpado sea absuelto por una segunda instancia.

El consejero Pérez Daza insistió en que no hay necesidad de la solución única en un caso penal; existen otras formas de resolución que pueden ser más eficaces para la reparación del daño y la reinserción social de los acusados.

Detalló que de casi 1,000 casos federales que registra el Consejo de la Judicatura en los estados en los que ya aplica el nuevo sistema penal, 50% se han desahogado en procedimientos abreviados; ello es que el acusado no litigó ante tribunales, sino confesó sin tortura ante un juez su responsabilidad, con lo que pudo condonarse considerablemente su pena.

Malletazo de arranque

Peña llama a que justicia sea prioridad

Al entrar en vigor en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el mandatario Enrique Peña Nieto llamó a los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos locales, academia y organizaciones de la sociedad civil a mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.

En la fase de consolidación, que hoy inicia, requeriremos, igualmente, de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado mexicano en su conjunto , dijo el presidente.

Advirtió que para que el nuevo modelo funcione es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo.

En la ceremonia celebrada en la explanada del Altar a la Patria, a unos minutos del vencimiento del plazo legal (18 de junio), el Ejecutivo celebró que se firmara ese mismo día el Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal entre los tres poderes de la Unión.

Reconocen agotamiento

El primer mandatario reconoció que con el paso del tiempo, el Sistema de Justicia Penal mexicano mostró signos de agotamiento ante el aumento de violencia e inseguridad, durante la primera década de este siglo.

Peña Nieto dijo que con espíritu constructivo, tenacidad y perseverancia se logró que el Estado mexicano en su conjunto llevara a cabo un esfuerzo inédito de transformación institucional.

Reiteró que en los últimos ocho años se invirtieron más de 21,000 millones de pesos en la implementación de esta reforma, y que 89% se había ejercido en su administración.

Explicó que para normar el nuevo modelo, se crearon o reformaron 21 leyes federales o nacionales y se modificaron más de 350 leyes locales.

Como parte de esta ceremonia, el Ejecutivo federal atestiguó el malletazo simbólico de la conclusión de la implementación de la reforma, que en punto de las 12 de la noche del sábado dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.

En su turno, el ministro presidente de la Corte defendió que el Poder Judicial está comprometido a lograr un sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con respeto de las garantías individuales de todos los involucrados. (Redacción)

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