La Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá que informar sobre el número de empleados adscritos a la dependencia que hayan sido procesados o denunciados por abuso sexual, acoso o violación dentro y fuera de escuelas de educación inicial y básica en el país, durante el periodo del 1 de enero del 2010 al 8 de enero del 2017 .

El Instituto Nacional de Accesos a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) instó a la SEP a proporcionar la información desglosada por entidad federativa, año y mes de denuncia, nombre de la escuela, nivel educativo, tipo de víctima (menor o adulto) y cargo y/o puesto de quien fue denunciado, con excepción de que se trate de cargos únicos, en cuyo caso, deberá entregar, de forma disociada dicha información, de forma tal que no sea posible identificar el cargo y/o puesto de quien fue denunciado con el nombre de la escuela .

La anterior resolución fue hecha por el pleno del instituto después de que un privado interpusiera un recursos de revisión al inconformarse con la repuesta de la dependencia, la cual sólo otorgó datos, en el sentido de la petición de información, de la Ciudad de México.

El Pleno del INAI aclaró que los gobiernos estatales son los encargados de dirigir la educación preescolar, primaria, secundaria y de la capacitación de los docentes, sin embargo, esto no implica que el gobierno federal deje de atender la educación pública .

La decisión del INAI, se comunicó, fue fundamentada en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, que fue elaborado por la SEP y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en donde se indica que la instancia de educación federal cuenta con estadísticas sobre agresiones físicas que ha recibido el alumnado de instituciones de educación básica de distintas partes del país .

Asimismo, se hizo referencia a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 55/2013, en la cual se precisa que la dependencia ha recibido diversas recomendaciones derivadas de casos de la violación a los derechos a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica de alumnos de educación básica .

Se concluyó, por último, que la SEP no consultó todas sus áreas para poder emitir la respuesta, como la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, que por sus atribuciones puede conocer los datos solicitados .